Piden 24 años de cárcel para el acusado de agredir sexualmente a sus sobrinas de 7 y 11 años en Ciudad Real

Piden 24 años de cárcel para el acusado de agredir sexualmente a sus dos sobrinas de 7 y 11 años en Ciudad Real

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real llevará a cabo el juicio el próximo miércoles y jueves contra P.R.R., un hombre de 57 años acusado de agredir sexualmente a sus sobrinas políticas cuando eran menores de edad, específicamente a una de siete años y a otra de once. La Fiscalía solicita una pena total de 24 años de prisión para el acusado, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press.

Los hechos se habrían producido entre 2010 y 2019, durante el tiempo en que el acusado tutelaba a las menores junto a su esposa. El juicio, que debía celebrarse en marzo del año pasado, se suspendió tras la solicitud de la acusación de incluir a la Junta de Comunidades como responsable civil, dado que las menores se encontraban en «situación de desamparo».

El escrito del fiscal detalla que las jóvenes provienen de un entorno familiar desestructurado y en situación de exclusión social, lo cual llevó a su tutela por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y posteriormente a ser acogidas por sus tíos. En este contexto de convivencia, el acusado aprovechó su posición de confianza para llevar a cabo múltiples abusos sexuales. Según señala el escrito, el hombre utilizaba engaños y chantajes emocionales, haciéndose pasar como una figura paterna y justificando sus actos como «juegos».

El documento expone que el acusado llevó a cabo una serie de abusos desde el inicio de la convivencia con la menor de edad, comenzando a abusar de la mayor un año después, perpetuando así una dinámica de violencia sexual durante años.

El Ministerio Fiscal ha solicitado no solo la condena de 24 años de prisión por dos delitos de agresión sexual a menores de 16 años, sino también una orden de alejamiento de las víctimas a una distancia mínima de 500 metros durante 20 años. Además, se exige una indemnización de 30.000 euros para cada una de las víctimas por el daño moral padecido.

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