Piden 17 años de cárcel para el acusado de agredir sexualmente y maltratar a una menor de 16 años en Ciudad Real

Piden 17 años de cárcel para el acusado de agredir sexualmente y maltratar a una menor de 16 años en Ciudad Real

La Audiencia Provincial de Ciudad Real está programada para juzgar el próximo miércoles, 11 de junio, a O.E.A., un hombre acusado de agredir sexualmente y maltratar a su pareja, quien era una menor de 16 años. El acusado enfrenta penas que superan los 17 años de prisión por presuntos delitos de agresión sexual, malos tratos y amenazas dirigidas a su entonces pareja sentimental.

De acuerdo con el escrito del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, O.E.A., de nacionalidad marroquí y con situación regular en España, mantuvo una relación con la víctima hasta septiembre de 2023. Durante este período, se alega que ejerció una violencia física y psicológica continuada sobre la menor, que incluyó insultos, vejaciones, golpes y amenazas de muerte.

La agresión sexual presuntamente sucedió en el domicilio de la joven en un momento no concretado de septiembre de 2023. Según la acusación, cuando la menor se negó a mantener relaciones sexuales, el acusado la inmovilizó, le quitó la ropa y la penetró vaginalmente, a pesar de sus intentos de resistencia.

Además, se sostiene que el acusado envió mensajes de voz amenazantes a la joven tras la ruptura, con afirmaciones como «me da igual, 15 años dentro me da igual» o «te juro que lo mato», lo que generó un profundo temor en la víctima.

El Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de un delito de malos tratos habituales, tres delitos de malos tratos en el ámbito de la violencia de género, un delito de agresión sexual y un delito de amenazas agravadas por parentesco. Por todo ello, la Fiscalía solicita penas que suman 17 años de cárcel, junto a medidas de alejamiento, libertad vigilada tras la condena y una indemnización de 10.000 euros para la víctima por los daños morales sufridos.

Debido a la gravedad de los actos, la Fiscalía ha planteado que un tercio de la condena sea cumplido en un centro penitenciario en España, mientras que el resto podría ser sustituido por la expulsión del acusado del territorio nacional, con una prohibición de reingreso durante 10 años a partir de su salida.

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