La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo llevará a cabo el juicio los días 10 y 11 de septiembre, en el que se enfrentarán seis personas acusadas de haber traído a España, desde Colombia, a un total de siete mujeres con el fin de explotar sexualmente. La Fiscalía solicita para cada uno de los acusados una pena de doce años y medio de cárcel.
Según la información revelada por la Fiscalía, a la que ha tenido acceso Europa Press, los acusados O.O.O.R. y A.K.P.N., quienes mantenían una relación sentimental, viajaron a Toledo junto a otros conspiradores, incluidos los hermanos J.J.R. y G.A.O.G. Todos ellos estarían implicados en una trama que buscaba obtener beneficios económicos a partir de la prostitución de mujeres originarias de La Virginia, en Colombia, de donde son procedentes tanto O.O.O.R. como sus hermanos.
Los hechos se remontan a mayo de 2019, cuando J.J.R. contactó con una amiga, identificada como B., para ofrecerle la oportunidad de trasladarse a España bajo la promesa de ejercer la prostitución. Se acordó que la acusada recibiría un adelanto para su traslado, que incluía pasaporte, pasajes aéreos y una suma de dinero en efectivo. No obstante, a cambio, los acusados le impusieron una «deuda» considerable, que obligaba a B. a pagar 3.000 euros a O.O.O.R. utilizando el dinero ganado con su trabajo como prostituta, una cantidad que superaba casi tres veces los gastos iniciales.
Este modus operandi se repitió con otras mujeres, incluyendo a C., D., E., G., H., J. y L., quienes, algunas de ellas, entraron a España a través de otros países como Francia y Alemania para eludir los controles en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Las mujeres eran instruidas sobre cómo promocionar sus servicios y estaban obligadas a pagar un alquiler excesivo por su alojamiento.
Adicionalmente, la trama delictiva también incluía la venta de cocaína a clientes durante los encuentros sexuales, con O.O.O.R. controlando el suministro de la sustancia en las viviendas donde operaban.
La denuncia llegó a la Policía el 8 de diciembre de 2019, cuando B. se presentó en la comisaría de Toledo para reportar su situación. A partir de su declaración, se inició una investigación que culminó en varios registros domiciliarios. Durante estos, se encontró cocaína y dinero en efectivo, además de otros elementos que confirmaron la actividad ilegal de la organización.
La Fiscalía ha presentado un duro cargo contra los acusados, solicitando siete años de prisión por delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, un año por la vulneración de los derechos de los ciudadanos extranjeros, y cuatro años y seis meses por un delito contra la salud pública. Todos los acusados están considerados coautores de los delitos mencionados.
