La Fiscalía Provincial de Toledo ha solicitado el sobreseimiento de una causa prevista para el miércoles, 7 de febrero, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo contra cinco personas acusadas de estafa, alzamiento de bienes y apropiación indebida. Según informa Europa Press, el Ministerio Fiscal ha concluido que no existen pruebas suficientes que demuestren la comisión de los delitos imputados.
El origen del caso se remonta a julio de 2008, cuando A.S.M., en representación de la empresa Electromosa S.L., presentó una querella contra J.M.R., acusándolo de haberse hecho pasar fraudulentamente por representante de Arbalan S.L. para obtener un préstamo de 120.000 euros a través de la emisión de pagarés a nombre de la empresa Goldium S.L.
La querella se amplió en septiembre de 2009 para incluir a F.S.B. y M.V.F.N., vinculados a la empresa Ariam Desarrollo y Gestión S.L., así como a J.M.G.F. y J.M.M.S. de la empresa Arbaland S.L., sosteniendo que todos ellos habían participado en una estructura diseñada para obtener préstamos sin intenciones de devolución. Se alegó que otro préstamo por 138.000 euros, también efectuado en pagarés, no había sido restituido por las partes implicadas.
Sin embargo, la Fiscalía ha indicado que no se puede considerar estafa la entrega inicial de los 120.000 euros ni la posterior entrega de 138.000 euros, ya que no hay pruebas de que estas sumas se entregaran bajo engaño. En este sentido, el Ministerio Fiscal argumenta que se desconocen los términos exactos y el propósito bajo los cuales se hizo la entrega del dinero.
Al tiempo que se reconoce que el querellante no adoptó precauciones tras no recibir el primer pago, se cuestiona su decisión de proceder con una segunda entrega de dinero. Además, se señala que no se puede probar el delito de alzamiento de bienes, ya que en ningún momento se informó ni se preguntó a los acusados sobre este aspecto en sus declaraciones como imputados.
Igualmente, la Fiscalía descarta la acusación por apropiación indebida en relación con la emisión de pagarés sin fondos, ya que este hecho no fue debidamente acreditado durante la extensa fase de instrucción del caso.
En última instancia, la Fiscalía considera que cualquier incumplimiento de las obligaciones financieras corresponde al ámbito civil y no al penal, por lo que ha propuesto el sobreseimiento provisional de todas las acusaciones.
