En un giro dramático que sacude el panorama político francés, Marine Le Pen se enfrenta a un pedido de condena por parte de la Fiscalía, en un juicio que examina el uso irregular de asistentes parlamentarios remunerados por el Parlamento Europeo. Los fiscales Louise Neyton y Nicolas Barret abogaron ante el Tribunal Correccional de París el miércoles por una sentencia severa para la líder de la ultraderecha, incluyendo cinco años de cárcel, con tres en suspenso, una multa de 300.000 euros y, de manera más amenazante para su futuro político, cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La acusación sostiene que entre 2004 y 2016, el Frente Nacional (FN), ahora conocido como Agrupación Nacional (RN), se benefició de un esquema sistemático y organizado para malversar fondos públicos a través de contratos de asistentes parlamentarios, financiando así de forma indebida actividades del partido. Este presunto delito no solo apunta a Le Pen sino también a otros 26 implicados, incluida la RN como persona moral, lo que subraya la magnitud de la operación.
Esta solicitud de condena resalta el riesgo significativo de que Le Pen sea inhabilitada para competir en las próximas elecciones presidenciales francesas de 2027, lo que marcaría un antes y un después en su carrera y en el espacio político francés de extrema derecha. Ante esta perspectiva, Le Pen ha denunciado un intento por parte de la Fiscalía de excluir no solo a su persona de la esfera política sino también la posibilidad de que los votantes franceses elijan libremente.
La fiscal Neyton destacó la gravedad y la duración del esquema malversador, calificándolo de «ataque grave y duradero a las reglas del juego democrático». Además, el Parlamento Europeo busca reparaciones por un total de 3,7 millones de euros del importe total estimado malversado, que asciende a 6,8 millones de euros, de los cuales una parte ya ha sido devuelta.
A pesar de la seriedad de las acusaciones, cualquier decisión de inhabilitación podría ser sujeta a apelación, lo que posiblemente retrasaría la ejecución de la pena. Sin embargo, la Fiscalía ha presionado para que las penas de inhabilitación se impongan de forma inmediata, sin esperar a que se resuelvan los recursos, lo que incrementa la presión sobre Le Pen y plantea un obstáculo considerable para sus aspiraciones de regresar al Elíseo.
Este proceso, aun en desarrollo, promete un impacto significativo no solo en la carrera de Le Pen y el futuro de la RN sino también en el equilibrio de poder dentro de la política francesa, particularmente en las fuerzas que configuran el espectro de la extrema derecha. Con la defensa aún por presentar sus alegatos, el juicio sigue abierto, manteniendo a Francia en vilo ante las implicaciones potenciales de su resultado final.
