Una respuesta contundente ante la interpretación forzada de la ley
El presidente del Gobierno defiende sus derechos ante lo que considera un abuso judicial por parte del magistrado Peinado. Pedro Sánchez ha decidido ampliar la querella por prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado, en un movimiento que busca salvaguardar no solo sus derechos, sino también los principios fundamentales del Estado de Derecho. Esta acción se produce después de que Peinado, en su rol de magistrado, optara por una interpretación legal que Sánchez considera totalmente arbitraria y alejada de la justicia.
El núcleo del conflicto radica en la forma en que el juez Peinado ha interpretado los silencios y las decisiones del presidente y su esposa durante un proceso judicial. Peinado ha basado sus conclusiones en “inferencias” y “conclusiones” derivadas del hecho de que un testigo, en este caso la esposa de Sánchez, ejerció su derecho legal a no declarar contra su cónyuge. Este derecho, ampliamente reconocido y respetado en el ámbito judicial desde hace más de un siglo, parece haber sido ignorado por Peinado, quien ha decidido interpretarlo de manera que favorezca su propia convicción personal.
La respuesta de Sánchez: defensa del Estado de Derecho
La Abogacía del Estado ha respaldado la decisión de Sánchez de ampliar la querella, subrayando la importancia de mantener la imparcialidad en la judicatura. El presidente ha argumentado que la actuación de Peinado no solo representa un ataque personal, sino también una amenaza para los derechos fundamentales que protegen la integridad de la Presidencia del Gobierno. Desde 1886, estos derechos han sido claros y han sido respetados por la judicatura, hasta que, según Sánchez, Peinado decidió reinterpretar la ley según sus propios criterios.
Lo que está en juego no es solo la defensa de los derechos de una figura pública, sino la preservación del Estado de Derecho frente a jueces que, en lugar de aplicar la ley de manera imparcial, optan por reinterpretarla según sus propias convicciones. Sánchez ha dejado claro que no permitirá que los derechos fundamentales sean vulnerados y que la justicia sea transformada en un instrumento de revancha personal.
La ampliación de la querella es más que un acto de defensa personal. Es una acción en defensa de la justicia misma, que Sánchez considera ha sido manipulada por Peinado con sus “interpretaciones forzadas”. Este caso plantea una cuestión esencial: ¿pueden los jueces reinterpretar la ley a su antojo, o deben ser responsables de aplicar la ley tal como está escrita? Sánchez ha tomado una postura firme en este sentido, recordando que la toga no es un escudo para la arbitrariedad, sino una responsabilidad que debe ser asumida con el máximo respeto por la legalidad.
