El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decidido poner en pausa la ejecución del bloqueo de la aplicación de mensajería instantánea Telegram, medida a la que había accedido el pasado viernes tras una denuncia por supuesto uso indebido de contenido audiovisual con derechos de autor presentada por Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus. La suspensión es temporal y se espera a un informe por parte de la Comisaría General de Información.
De acuerdo con Europa Press, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción Número 5 requirió a la inteligencia española que provea detalles acerca de las funcionalidades de Telegram y cómo el bloqueo podría afectar a los usuarios. En una providencia, Pedraz solicita al servicio de inteligencia datos sobre la aplicación y la incidencia que la suspensión temporal tendría para los usuarios.
La decisión original de bloquear el acceso a la aplicación en España respondía a las actividades de ciertas cuentas que, según la acusación, infringían los derechos de propiedad intelectual. A pesar de la orden de bloqueo del sábado pasado, la cual daba a las operadoras españolas un plazo de tres horas para suspender los recursos asociados a Telegram desde la recepción de la comunicación, la ejecución se ha pospuesto en espera del informe solicitado.
Se señala que las autoridades de las Islas Vírgenes no han colaborado con una comisión rogatoria internacional enviada con el objetivo de que Telegram facilitara datos técnicos claves para identificar a los titulares de las cuentas implicadas en la infracción de derechos de autor. Este incumplimiento, que data del 28 de julio de 2023, ha obstaculizado la continuación de la instrucción, dejando pendientes numerosas diligencias.
El juez Pedraz arguyó que no existe medida alternativa para prevenir la repetición de los hechos denunciados, haciendo del bloqueo la única opción viable ante la falta de cooperación por parte de las Islas Vírgenes. Subrayaba que la medida es adecuada dado que su aplicación pondría fin a las infracciones de propiedad intelectual e impediría el acceso a contenidos protegidos.
La resolución se apoya en el artículo 13.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM), determinando que la medida cautelar no sólo es necesaria y proporcional, sino también congruente con el marco legal. El juez Pedraz, adicionalmente, ha extendido la investigación por seis meses más, hasta el 29 de septiembre. La espera del informe será crucial para el futuro inmediato de Telegram en España y para la protección de los derechos de autor en la era digital.
