El presidente de la Confederación Empresarial de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, ha expresado su desconcierto ante la situación actual del diálogo social, enfatizando la desconexión entre las contribuciones de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las acciones del Ministerio de Trabajo. A pesar de que las pymes constituyen «el 99%» del tejido empresarial español, Nicolás siente que sus aportaciones no son tomadas en cuenta.
Desde Albacete, Nicolás reflexionó sobre las recientes negociaciones referentes a la reducción de la jornada laboral. Destacó, sin embargo, que en Castilla-La Mancha, aún gobernada por el partido socialista, sí existe una «complementación entre los agentes sociales». Según sus palabras, esta cooperación busca alcanzar acuerdos que beneficien a los trabajadores, algo que la región ha «demostrado».
Al hacer referencia a los diversos planes acordados conjuntamente con sindicatos, empresarios y el gobierno, Nicolás señaló la discrepancia dentro de prácticas de gobiernos pertenecientes al mismo partido, calificándolas de «absolutamente contrarias». Subrayó la capacidad de la comunidad autónoma de llegar a acuerdos bajo el liderazgo de Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, valorando dicha colaboración como una de las «infraestructuras más baratas y sólidas».
Nicolás hizo un llamado a escuchar a las pymes y a evitar gobernar en desacuerdo con la mayoría del tejido empresarial, advirtiendo que los acuerdos que se alcen al margen de la interlocución con la patronal podrían ser inútiles a corto plazo. Reclamó una menor presión sobre las pequeñas y medianas empresas, a las que describió como agobiadas y sobrecargadas con un exceso de regulaciones, con más de 206,000 normas a las que deben adherirse.
Finalizó enfatizando la eficacia de las pymes para alcanzar acuerdos beneficiosos con los sindicatos, algo que encuentra muy difícil de lograr en las discusiones con el gobierno, pese a la discusión de problemáticas comunes. Este descontento evidencia un claro desafío en las dinámicas del diálogo social entre las autoridades gubernamentales y el sector empresarial a nivel autonómico y nacional.
