En un giro notable en la política fiscal estadounidense, la administración del expresidente Trump ha decidido utilizar su autoridad bajo la Ley de Control de Impoundment para implementar un «pocket rescission» que cancela $5 mil millones en ayudas extranjeras y en financiamientos de organizaciones internacionales, un movimiento que no se había visto en 50 años. Este paquete busca eliminar lo que se considera «gasto woke, armado y desperdiciado», reafirmando así el compromiso con las prioridades de «América Primero».
La revolución del gasto gubernamental promueve un enfoque en la reducción de financiamientos a cuentas que, según la administración, desvían recursos hacia iniciativas que no alinean con los valores estadounidenses. Entre los ejemplos más destacados se encuentra el apoyo a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que absorbe $3.2 mil millones de dólares en su cuenta de Asistencia para el Desarrollo. Originalmente establecida para aliviar la pobreza en el mundo en desarrollo, esta cuenta ha sido vista como poco más que un vehículo para impulsar agendas consideradas radicales o en desacuerdo con los intereses americanos.
Las críticas al uso de estos fondos incluyen subsidios a proyectos que fomentan la igualdad de género, conciencia LGBTQ+ y programas que pueden parecer superfluos, como proyectos de panadería y terapia de belleza en Zimbabwe. La administración sostiene que estas iniciativas no benefician a los contribuyentes estadounidenses ni a la política exterior del país.
Además, se han identificado $322 millones en financiamiento de un «Fondo para la Democracia» que, según los críticos, socava los valores estadounidenses y permite interferencias en la soberanía de otras naciones. Esto incluye financiamiento para campañas de «gobernanza sensible a género» en Sudáfrica y otros esfuerzos en naciones del Balkán para promover la inclusión de LGBTQI+.
También se hace énfasis en la eliminación de $521 millones destinados a organizaciones internacionales, que, a juicio de la administración, no apoyan las políticas estadounidenses ni han contribuido significativamente al bienestar global. Este presupuesto incluye asignaciones a la UNESCO, acusada de fomentar la división y el antisemitismo, y al Organización Internacional del Trabajo (OIT), vista como un obstáculo para los intereses corporativos estadounidenses.
Por último, se plantea la controversia en torno a las contribuciones estadounidenses a actividades de mantenimiento de la paz de la ONU, valoradas en $393 millones. Este enfoque crítico subraya que las operaciones de paz de la ONU han estado plagadas de informes de abuso y mal manejo, incapaces de garantizar resultados concretos y eficaces, y a menudo alineadas con intereses perjudiciales para la estabilidad regional.
Este movimiento refleja una postura decidida de la administración de eliminar lo que considera gasto improductivo. Al hacerlo, resuena entre muchos en la base política que aboga por un enfoque de gasto más racional y alineado con los principios tradicionales de la política exterior estadounidense.
Fuente: WhiteHouse.gov
