En un contexto marcado por un creciente desequilibrio en el mercado inmobiliario europeo, los Países Bajos han tomado un paso adelante con la promulgación de la Ley de Alquiler Asequible, que entró en vigor el 1 de julio de 2024. Esta legislación, una de las últimas bajo el mandato del exministro de Vivienda y Planificación Espacial, Hugo de Jonge, pretende hacer frente al aumento desmesurado de los precios de alquiler y ofrecer un respaldo sólido a los inquilinos, un movimiento legislativo que se mantiene incluso tras el cambio de administración hacia un gobierno de coalición liderado por Dick Schoof.
La ley introduce un innovador sistema de puntos que determina el alquiler máximo permitido para cada propiedad, basándose en factores como tamaño, número de habitaciones, eficiencia energética y espacios exteriores. Bajo esta regulación, las viviendas acumulando hasta 186 puntos pueden tener un máximo de 1.157,95 euros mensuales, y aquellas de 143 puntos o menos, un límite de 880 euros. Este criterio aplicará a cerca del 90% de las propiedades en renta en el país, ofreciendo a los actuales inquilinos pagando tarifas por encima de estos montos la oportunidad de revisar sus contratos para ajustarse a los nuevos límites.
A pesar de que este esquema legal no influirá en viviendas de alto valor (más de 186 puntos), refleja la intención de ofrecer soluciones asequibles a un mayor número de ciudadanos y al mismo tiempo generó debates dentro del gobierno predecesor de Rutte. Tensiones surgieron particularmente con el VVD, el partido liberal de Rutte, aunque el impulso del ministro de Jonge, del partido democristiano CDA, fue crucial para la aprobación de la ley.
Sin embargo, con la reciente formación del primer gobierno de ultraderecha liderado por Dick Schoof, en el que participa el Partido por la Libertad (PVV) de Geert Wilders, la continuidad de esta iniciativa ha sido objeto de especulación. Los detractores argumentan que la legislación podría frenar la inversión en el mercado de alquileres y disminuir la oferta de viviendas. A pesar de ello, la normativa, que ya cuenta con el apoyo del Senado, permanecerá vigente por el momento, lo que sugiere un reconocimiento de su valor en la construcción de un marco de alquiler más justo.
En paralelo a estos cambios políticos y legislativos, los Países Bajos han sido noticia también en el ámbito social y económico. La búsqueda activa de enfermeras españolas por parte de hospitales holandeses, ofreciendo salarios que alcanzan los 3.000 euros mensuales, subraya una estrategia de atracción de talento que resalta las diferencias en estabilidad y condiciones de trabajo entre los países. Esta movilidad laboral, junto con la designación de Mark Rutte como el próximo secretario general de la OTAN, pone de manifiesto la posición del país en el contexto europeo e internacional, navegando entre desafíos internos y proyecciones de liderazgo global.
Por ello, mientras el nuevo gobierno se enfrenta al reto de mantener el equilibrio entre el incentivo a la inversión y la protección de los inquilinos, los Países Bajos continúan en el foco de discusiones que trascienden sus fronteras, mostrando los esfuerzos y desafíos para adecuar sus políticas a las dinámicas de un mundo en constante cambio.
