El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha expresado su opinión sobre la Ley de Amnistía, destacando la conveniencia de que el legislador solicitara antes la opinión del Consejo de Estado, dado que se trata de una medida que generará «controversia». Durante su intervención en la inauguración de las ‘XXIII Jornadas Nacionales sobre la Función Consultiva’, junto a la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, García-Page subrayó la importancia de consultar en casos donde existe un consenso generalizado sobre el carácter polémico de una legislación.
García-Page reveló que su Gobierno ha presentado un recurso de inconstitucionalidad en relación con esta ley, y destacó que él sí consultó a su propio Consejo sobre la idoneidad de presentar dicho recurso. «Si el dictamen hubiera sido negativo, no hubiera recurrido por mucho que me apretaran o presionaran», aseguró, enfatizando que en situaciones donde ya se prevé controversia social y jurídica, es especialmente necesario recurrir al Consejo Consultivo para obtener un dictamen.
El presidente también abogó por la necesidad de que las personas con responsabilidades públicas cuenten con formación en derecho, resaltando que «el derecho es clave» para el funcionamiento de sociedades civilizadas. En su opinión, quienes no comprenden esta noción «no saben donde viven».
En un tono más ligero, García-Page aprovechó para invitar a los asistentes a conocer Toledo, ciudad que describió como un «crisol extraordinario» donde pueden encontrarse vestigios de diversas civilizaciones. Reflexionó sobre la historia arquitectónica de la ciudad, indicando que representa una mezcla de estilos desde antes de Roma hasta la actualidad. Además, realizó una broma al mencionar su interacción con el presidente mexicano, López Obrador, quien en un encuentro anterior había expresado su rechazo hacia España.
La intervención de García-Page se desarrolló en un contexto de controversia respecto a la falta de consulta del Consejo de Estado en la tramitación de la Ley de Amnistía. Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado, argumentó que su órgano no fue convocado, ya que no tiene la obligación normativa de hacerlo, lo que levantó críticas sobre la decisión de omitir la consulta a un organismo que podría haber proporcionado un marco de referencia ante un tema sin precedentes jurisprudenciales.
