El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha declarado que el Ejecutivo autonómico solicitará un informe al Consejo Consultivo de la comunidad autónoma en relación con la Ley de Amnistía recientemente aprobada en el Congreso de los Diputados. En un discurso que tuvo lugar durante el acto institucional por el Día de la Región, García-Page expresó su deseo de que el Consejo Consultivo proporcione el «vía libre» necesario para que Castilla-La Mancha pueda plantear una defensa ante el Tribunal Constitucional. Dicha defensa estaría fundamentada en la percepción de que la ley constituye «una agresión al concepto de igualdad».
García-Page instó al Consejo Consultivo a realizar una indagación pormenorizada y neutral sobre los mecanismos a través de los cuales la región podría ejercer dicha defensa en el ámbito constitucional. Se refirió a ello como una cuestión de vital importancia que debe ser aclarada, independientemente de las posturas particulares que puedan tener los diferentes actores políticos y sociales.
El presidente autonómico enfatizó su responsabilidad como máximo representante de Castilla-La Mancha en velar por los intereses de la región. Argumentó que cualquier normativa nacional que afecte al bienestar o a las competencias de Castilla-La Mancha debe ser escrutada con detenimiento para garantizar que no se vulneran los intereses de sus ciudadanos.
A pesar de reconocer que las decisiones democráticamente mayoritarias deben ser respetadas, García-Page remarcó su discrepancia en relación con la Ley de Amnistía. Aclaró que su desacuerdo no sólo es de naturaleza constitucional, sino que también radica en una diferencia de principios.
Finalmente, García-Page abordó el debate nacional suscitado por la reciente normativa, puntualizando que más allá de las discusiones sobre si representa un perdón o una victoria política, es importante comprender que el perdón no es algo que pueda ser objeto de negociación o intercambio, mucho menos bajo condiciones que puedan interpretarse como chantaje.
