El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha tomado una postura clara al distanciarse de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, las cuales también han presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía. En una entrevista en el programa ‘Espejo Público’, García-Page ha criticado esta agrupación de esfuerzos por parte de los ejecutivos del PP, alegando que su intención es desalojar al PSOE de la Moncloa. Aseguró que su propio recurso se basa en «planteamientos absolutamente distintos».
El presidente ha calificado la respuesta conjunta del PP como poco positiva, subrayando que cada comunidad debe ejercer su responsabilidad de manera autónoma. Además, cuestionó si las comunidades autónomas de este partido hubieran presentado el recurso si el PP estuviera en el poder en lugar del PSOE.
García-Page fundamentó su recurso en la creencia de que la ley en cuestión «rompe el sistema constitucional que da amparo a las autonomías», priorizando otros valores por encima de la igualdad. También recordó que durante la redacción de la Constitución, se rechazó en dos ocasiones la inclusión de tal norma.
En cuanto a la percepción de su recurso como un posible desafío a la mayoría progresista del Tribunal Constitucional, el presidente se mostró confiado en «la profesionalidad de los magistrados y magistradas del sistema judicial». Refiriéndose a la relación histórica entre el PSOE y el PP en la composición del Tribunal Supremo, García-Page enfatizó que los actuales magistrados fueron designados a raíz de acuerdos entre ambos partidos.
Respecto a si ha recibido presiones por parte de Ferraz para no registrar el recurso, el presidente afirmó que en el PSOE ha dejado de contar con su apoyo. Reiteró su certeza sobre la inconstitucionalidad de la norma, afirmando que realizó este movimiento después de consultar con los órganos consultivos más relevantes de la región, como el Consejo Consultivo y el Servicio Jurídico. García-Page concluyó manifestando su compromiso de cumplir con lo prometido y defendiendo que esta ley perjudica tanto a su región como al sistema constitucional de convivencia.
