El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha expresado su intención de impulsar una reunión de la Conferencia de Presidentes con el objetivo de unir a las comunidades autónomas en una postura conjunta contra la elaboración de legislaciones estatales que generen mayores gastos para las regiones sin proporcionar financiación adicional. Esta medida se da en respuesta a una estimación realizada por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que calculó que la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) supondría un coste adicional de 844 millones de euros para las universidades.
Durante un evento en Cuenca, acompañado por el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, García-Page criticó las dinámicas legislativas bajo el esquema de «yo invito y tú pagas», refiriéndose a lo que considera como prácticas irresponsables del Gobierno central. El mandatario regional señaló la incongruencia de asumir nuevas cargas financieras impuestas por leyes estatales sin participación en su elaboración, declarando que las autonomías que no han participado en la creación de la legislación no deberían financiar sus consecuencias.
García-Page ha anunciado su plan de liderar una iniciativa desde enero para celebrar una Conferencia de Presidentes enfocada en lograr un pacto estatal que evite la aprobación de leyes que incrementen el gasto autonómico sin una correspondiente financiación. Haciendo hincapié en la lealtad y la colaboración entre el estado y las comunidades autónomas, manifestó su disposición a comunicarse con los líderes regionales para discutir esta propuesta.
El presidente castellanomanchego también destacó la carencia de una reforma en el sistema de financiación autonómica durante una década y criticó la inversión en medidas como la LOSU, que considera insostenibles para las regiones. Advirtió que, sin una financiación adecuada por parte del Estado, se podría llegar a una suspensión del gasto hasta que el Gobierno central asuma su responsabilidad.
Además, García-Page se pronunció sobre la financiación de la investigación, solicitando que los 150 millones de euros destinados a las universidades catalanas se distribuyan de forma equitativa en todo el país. Argumentó que los fondos son de todos los españoles y que no debería existir un trato privilegiado hacia ninguna comunidad autónoma, incluyendo a Cataluña, en lo que refiere a la financiación para investigación y desarrollo.
