El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a reconsiderar el acuerdo firmado entre el PSC y ERC que permite a Cataluña gestionar sus propios impuestos. En una reunión en el Palacio de La Moncloa, García-Page propuso que se elabore un nuevo documento a partir de un debate “multilateral” que incluya a todas las comunidades autónomas, con el objetivo de “intentar cuadrar el círculo” en el ámbito de la financiación autonómica.
Durante la rueda de prensa posterior a la reunión, García-Page defendió un modelo de financiación que sea “multilateral, entre todos, sin regímenes especiales más allá de lo que señala la Constitución”. El presidente de Castilla-La Mancha expresó su preocupación por las pretensiones de Cataluña y señaló que las comunidades forales como el País Vasco y Navarra “deberían sentirse amenazadas”, ya que una excepción en la gestión de impuestos podría desencadenar un efecto en cadena que afectaría la equidad del sistema.
Además, García-Page planteó la necesidad de avanzar en la creación de una ley de armonización fiscal para prevenir el «dumping» entre comunidades autónomas. Según él, “la capacidad fiscal no puede ser gestionada a través de 17 regímenes diferentes”, abogando por un planteamiento que evite la competencia fiscal.
García-Page también mencionó que hay 194 asuntos en total que impactan las relaciones de gestión entre su región y el Gobierno de España, enfatizando que muchos de estos temas deben ser abordados con distintos ministerios. Sin embargo, subrayó que el asunto principal de la conversación fue la financiación autonómica, un tema que ha defendido con consistencia tanto en privado como en público.
El presidente resaltó la importancia de que la riqueza de España es un patrimonio común, argumentando que la riqueza de Castilla-La Mancha y Cataluña no pertenece exclusivamente a sus habitantes, sino que es de todos los españoles. “Hablando de manera clara, la riqueza de Castilla-La Mancha no es de los castellanomanchegos, y la de Cataluña no es de los catalanes. Es de todos”, afirmó, añadiendo que la distribución de la riqueza no debe dividirse por territorios, en contraposición a los principios federales de equidad.
García-Page hizo hincapié en que, en la búsqueda de una justa redistribución de la riqueza, es fundamental que quien más tiene, pague más, tanto a nivel individual como territorial. Citando el artículo 156 de la Constitución, reiteró que el 90% del gasto autonómico se destina a áreas críticas como sanidad, educación y servicios sociales, subrayando que “no hay privilegio posible” en ningún territorio.
Finalmente, el presidente concluyó que ningún territorio puede aspirar a retener toda su riqueza, ya que esta es consecuencia de la labor y el esfuerzo de generaciones pasadas.
