Page denuncia el bloqueo político en el Congreso y asegura que en C-LM «no se harán recortes en servicios»

Page critica el bloqueo político en el Congreso y afirma que en C-LM "no se va a traducir en recortes en servicios"

El presidente de Castilla-La Mancha ha expresado su fuerte crítica hacia el «bloqueo en la política nacional», un fenómeno que, según él, impacta negativamente en «cuestiones esenciales» y convierte a las comunidades autónomas en «invisiblemente víctimas». Esta declaración se produce tras el rechazo en el Congreso de los Diputados, donde Junts, PP y Vox votaron en contra de las medidas destinadas a extender el escudo social y aumentar las pensiones.

Durante la inauguración de la nueva depuradora de Villanueva de la Torre, en Guadalajara, el presidente ha calificado como «irresponsabilidad colectiva» el rechazo al decreto y ha ampliado su crítica al bloqueo que afecta a los presupuestos generales y al techo de gasto. En sus declaraciones, García-Page ha afirmado que “sea cual sea la consecuencia del bloqueo político en España, no se va a traducir en recortes en servicios públicos” en su comunidad autónoma.

El mandatario ha subrayado la responsabilidad que tienen los principales partidos políticos en esta situación, afirmando que esta dinámica perjudica a la política en general y, en particular, a los propios partidos mayoritarios. También ha indicado que el bloqueo impacta negativamente en los servicios públicos, advirtiendo que, sin un nuevo escenario de gasto adecuado, Castilla-La Mancha podría ver afectados 100 millones de euros en su presupuesto.

Pese a las dificultades que plantea el paralelismo político, García-Page se ha comprometido a «luchar para que las comunidades autónomas no seamos víctimas». Ha reafirmado su posición de que en Castilla-La Mancha no habrá recortes en los servicios públicos y que se mantendrá el esfuerzo por cumplir incluso con el escenario de déficit.

Asimismo, el presidente ha resaltado la urgente necesidad de llevar a cabo una reforma del sistema de financiación autonómica, destacando que este proceso lleva «más de una década de retraso» y que su ausencia provoca «una asfixia impresionante» a los grandes servicios públicos que afectan a la ciudadanía.

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