El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha manifestado su desacuerdo con las propuestas del Gobierno de España que contemplan otorgar a Catalunya un “tratamiento especial” en términos de financiación autonómica. Este viernes, criticó tales propuestas argumentando que representarían un costo excesivo a cambio de la permanencia en un cargo político.
García-Page respondió a las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien el jueves indicó que Catalunya debería recibir un trato distinto en el debate financiero. «Solo faltaría que encima toda la fiesta independentista la terminemos pagando entre todos», declaró García-Page, rechazando categóricamente el mencionado trato preferencial.
Durante la conmemoración del 40 aniversario del inicio del servicio de hemodiálisis del Hospital Universitario de Guadalajara, el presidente de Castilla-La Mancha puso en entredicho la necesidad de reconocer una «singularidad de Catalunya», arguyendo que todas las comunidades presentan sus particularidades. Haciendo referencia a las diferencias en la distribución territorial y demográfica, comparó la densidad de población y la infraestructura sanitaria entre Madrid y su comunidad.
Además, García-Page abordó la diferencia en el gasto público, señalando que, a diferencia de Catalunya, su comunidad no destina recursos a lo que él denomina «embajadas» en el extranjero, y calificó esta práctica como “una propaganda para romper España”.
El presidente castellanomanchego también se mostró ofendido por el tratamiento mediático y político que, según él, se le da a ciertos personajes políticos catalanes. En específico, criticó la manera en que se considera a Puigdemont y a la «ultraderecha catalana» como fuerzas progresistas, dejando claro su rechazo al trato financiero privilegiado que se pretende conceder a Catalunya.
Enérgicamente, García-Page declaró su rechazo a ceder ante tales pretensiones fiscales: «De ninguna manera, no lo vamos a consentir». Con esta afirmación, subraya su firme oposición al mencionado tratamiento especial y destaca las preocupaciones de otras comunidades autónomas frente a lo que perciben como una ventaja desequilibrada a favor de Catalunya en el marco de la financiación autonómica.
