El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, expressó su confianza en que los presidentes de las comunidades autónomas del Partido Popular (PP) firmarán con el Gobierno la parte correspondiente de la quita de deuda. En una reciente declaración desde el Congreso Europeo de Radiología en Viena, García-Page subrayó que es fundamental que los presidentes autonómicos no se sometan a las directrices de sus partidos en Madrid. «Ni yo soy una sucursal de Ferraz, ni nadie debe serlo de Génova», afirmó.
El presidente autonómico insistió en que los intereses de cada comunidad deben primar sobre las lealtades partidarias. Según destacó, plantear la quita de deuda solo como una exigencia para Cataluña habría sido un «problema enorme». Sin embargo, García-Page elogió el enfoque del Gobierno al incluir a todas las comunidades en este planteamiento, lo cual refleja el espíritu constitucional.
En relación a la quita, el presidente de Castilla-La Mancha dejó claro que no se está regalando «nada» a las autonomías, ya que la deuda continuará pagándose. Señaló que la mayor parte de la deuda acumulada se debe a un retraso de once años en el nuevo sistema de financiación. «Estamos recibiendo mucho menos dinero para mantener la Sanidad, la Educación, la prestación social y la dependencia», subrayó.
García-Page argumentó que durante ese periodo el Estado ha ingresado el doble de lo que han recibido las autonomías, sugiriendo que esto ha derivado en un problema económico significativo. Por eso, consideró “bastante razonable” la posibilidad de aminorar la deuda de las autonomías como una forma de compensación por el retraso en el sistema financiero, con el objetivo de sostener la estructura institucional y los servicios públicos en España.
En su intervención, el presidente de Castilla-La Mancha enfatizó que el Estado debe asumir su responsabilidad acerca de la deuda, que en gran parte ha sido provocada por el retraso en el sistema de financiación. Aunque reconoció la estrategia nacional del PP, García-Page expresó su incredulidad ante la idea de que un presidente autonómico opte por mantener una deuda que puede ser aliviada en beneficio de su comunidad.