El presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha expresado su rechazo a la reciente aprobación del Real Decreto Ley que modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería, el cual establece un reparto obligatorio de menores migrantes entre las comunidades autónomas. García-Page calificó esta medida de «insultante» y advierte al Ejecutivo central que aunque ofrecerán solidaridad, no serán «tontos» en su aplicación.
En declaraciones realizadas desde Mira, Cuenca, durante la Comisión de Coordinación para la recuperación de esta localidad tras la DANA, García-Page criticó la falta de diálogo previo con las comunidades autónomas antes de la promulgación de esta ley. Según su opinión, la normativa es «cualquier cosa menos progresista», ya que fue aprobada sin haber llevado a cabo una consulta con los gobiernos regionales.
El presidente también se refirió a la implicación de Junts en el proceso de negociación de esta ley, describiendo su enfoque como «una personalidad claramente supremacista e identitaria», lo cual, a su juicio, no puede conducir a un resultado positivo ni a corto ni a largo plazo. Esta dinámica, advirtió, pone en riesgo cualquier posibilidad de pacto de Estado que beneficie la gestión de menores migrantes.
García-Page expresó sus dudas sobre la efectividad del decreto en la práctica, sugiriendo que las leyes que se implementan pueden resultar «incumplibles». Subrayó que el mismo gobierno que permite la entrada irregular de personas al país no puede desvincularse de la situación de los menores migrantes.
El presidente regional enfatizó que su gobierno se encuentra analizando el decreto ley, pero no acepta «lecciones de solidaridad» de aquellos que pactan con la extrema derecha independentista. Criticó también la falta de una política coherente de emigración por parte del Gobierno nacional, describiendo la gestión actual como una serie de «parches sobre la marcha». Recordó un intento reciente del Ejecutivo de establecer un campamento en el aeropuerto de Ciudad Real, lo que considera una gestión deficiente.
A pesar de sus críticas, García-Page reafirmó la disposición del Gobierno de Castilla-La Mancha a ser solidario, señalando que están dispuestos a ofrecer apoyo a Canarias de manera bilateral, poniendo a disposición las plazas disponibles en su región. Sin embargo, dejó claro que la administración actuará paso a paso y no se adelantaría en la posibilidad de plantear un recurso contra el decreto ley. También lamentó que haya un «tufillo» que sugiere que los emigrantes y los menores puedan ser utilizados como «arma arrojadiza» en el debate político español, algo que consideró «absolutamente patético».
