El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha subrayado este viernes que el Ministerio de Infancia les ha asegurado que «no hay exclusión de ninguna» parte del territorio nacional en los criterios de distribución de menores inmigrantes no acompañados acordados con Canarias. Durante una rueda de prensa en Las Palmas de Gran Canaria, tras firmar un convenio con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, enfatizó que excluir a regiones como Cataluña y País Vasco es “negar la posibilidad de llegar a un acuerdo”.
García-Page compartió su opinión de que tanto el Gobierno de Cataluña, dirigido por Salvador Illa, como el del País Vasco, «no se negarán» a participar en la iniciativa. Sin embargo, advirtió sobre el riesgo de que las negociaciones se realicen con figuras como Carles Puigdemont, lo que podría complicar la situación. En este sentido, evidenció su rechazo a que cuando se mencione a Cataluña, se asocie automáticamente a Puigdemont.
El presidente de Castilla-La Mancha también instó al Partido Popular a moderar sus discursos hasta conocer en detalle los acuerdos alcanzados en este ámbito. Consideró que el tema de los menores migrantes «debería salir del frentismo político» que lo rodea, dado que se trata de una cuestión que afecta a todos.
En 2022, indicó que se llegó a un acuerdo que funcionó bien para repartir a los menores migrantes, y esperó que tanto el PP como el Gobierno voten a favor de un acuerdo similar. García-Page alabó el esfuerzo que desde Canarias se ha hecho para tratar de construir un marco efectivo para estos menores, reconociendo la complejidad del tema.
Desde Castilla-La Mancha, el presidente aseguró que acudirán a la conferencia sectorial convocada con un «mejor ánimo de colaborar». Reiteró su disposición para trabajar con los criterios que se pacten y destacó que el acuerdo con Canarias debe ser seguido por otro relacionado con el Ministerio de Hacienda, que es crucial para preparar la red de atención adecuada para un número creciente de menores no acompañados.
García-Page enfatizó la necesidad de atender a los menores en un entorno familiar y no en condiciones inadecuadas, señalando que los sistemas actuales son costosos pero necesarios para garantizar un desarrollo armónico. Resaltó que muchas comunidades autónomas no cumplen con los requisitos establecidos, y aseguró que no cambiarán su enfoque en Castilla-La Mancha.
Además, reclamó una estrategia de fondo sobre migración a nivel estatal, manifestando la importancia de dimensionar la red de atención de acuerdo con las llegadas, que pueden variar significativamente. Afirmó que debería haber un pacto de Estado sobre este tema, con el fin de evitar desconfianzas y asumir la corresponsabilidad en la gestión de la migración en España. Por último, mencionó una propuesta específica para incrementar el número de centros destinados a la acogida de menores, siempre con la financiación correspondiente del Estado.
