En su última aparición pública, Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha lanzado un aviso a las comunidades autónomas de Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana en referencia a sus posturas defendiendo el trasvase Tajo-Segura. García-Page advirtió que si dichas comunidades continúan sin alterar su postura, su gobierno exigirá que se cumplan a rajatabla las cinco sentencias del Tribunal Supremo en lo relacionado con los caudales ecológicos que deben discurrir por el tramo medio del río Tajo.
Esta declaración surge tras una sesión del Consejo de Gobierno celebrada en Azuqueca de Henares, en la que el presidente regional ha manifestado que, aunque Castilla-La Mancha se ha mostrado conciliadora y dispuesta al diálogo, existe un límite a esta paciencia. «Si además de poner la mano para negociar se nos quiere morder, iremos al cumplimiento estricto de las sentencias, el cien por cien», afirmó García-Page, a la vez que señaló su comprensión hacia aquellos que no desean renunciar a beneficios ya adquiridos.
El presidente castellano-manchego también agradeció a las organizaciones que han presentado sus alegaciones frente a las nuevas normativas de operación del trasvase. Asimismo, enfatizó su esperanza de que, en un futuro, el abastecimiento de agua dependa más de factores como el clima y el sentido común, así como de la desalación. En este contexto, García-Page comentó que existen partes interesadas en seguir obteniendo «materia prima regalada» para sus negocios.
Este debate se da en un momento en que la gestión y distribución de recursos hídricos es un tema crítico en España, alimentado por la variabilidad climática y la creciente demanda en todas las comunidades autónomas implicadas. El comentario del presidente de Castilla-La Mancha destaca la tensión existente en la política del agua española y la necesidad de encontrar vías de solución que sean justas y sostenibles para todas las partes involucradas.
