Las principales organizaciones ecologistas nacionales están pidiendo acciones prioritarias para abordar la dramática situación en la que se encuentra el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Según estas organizaciones, las distintas administraciones no han presentado soluciones eficaces y no ha habido acuerdo social sobre cómo gestionar los acuíferos sobreexplotados.
Para impulsar un plan de emergencia, estas organizaciones han enviado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un documento con propuestas y pasos a seguir para cumplir con los objetivos de conservación establecidos por la normativa de parques nacionales, de aguas y de conservación de la Unión Europea.
Según indican, la situación hidrológica del parque ha provocado uno de los mayores descensos en biodiversidad acuática desde su desecación casi total en 2009. Actualmente, solo hay agua en 100 hectáreas de las 3.030 que componen el parque y la fauna del humedal ha desaparecido prácticamente. Esto ha llevado al parque a un estado de conservación desfavorable, según la ley de parques nacionales.
A pesar de la influencia de los regadíos en la sobreexplotación de los acuíferos del Alto Guadiana, no se han tomado medidas efectivas para revertir la situación. Las organizaciones ecologistas señalan que las extracciones ilegales en el acuífero 23 son diez veces mayores en superficie y cuatro veces en volumen que las extracciones de los acuíferos que alimentan a Doñana o al Mar Menor. Esto ha provocado un descenso anual de 2 metros en los niveles de agua subterránea y un déficit acumulado de más de 1.500 hectómetros cúbicos.
A pesar de los 250 millones de euros invertidos en medidas agrarias desde 1994 para reducir la extracción de agua, no se han logrado cambios estructurales que permitan que el humedal se abastezca de agua subterránea. El problema, según las organizaciones, es que se sigue invirtiendo más en medidas agrarias que incrementan las superficies de regadío, como la reestructuración del viñedo o la modernización de los regadíos.
Las organizaciones ecologistas reclaman un papel relevante y coherente al Gobierno de Castilla-La Mancha para reducir la superficie de regadío y las extracciones ilegales utilizando los fondos europeos agrarios y de desarrollo rural. También piden medidas económicas ambiciosas para cambiar hacia un modelo productivo menos dependiente del agua. Además, instan al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a contar con las organizaciones ambientales en el diseño y seguimiento de las acciones a tomar, tal como se hizo en casos similares con Doñana o el Mar Menor.
Las organizaciones celebran que se haya incrementado la vigilancia y las sanciones a las extracciones ilegales, pero demandan mayor contundencia y recursos para poner fin a la impunidad en el robo de agua. Hasta ahora, apenas se han clausurado pozos en un 1,07% de los expedientes sancionadores y las superficies liberadas representan solo el 10% del total de superficie ilegal calculada por estudios independientes.
En conclusión, las organizaciones ecologistas hacen un llamado a la acción urgente para salvar el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, proponiendo medidas concretas y reclamando la colaboración de las autoridades para revertir la dramática situación en la que se encuentra este espacio natural protegido.
