El Movimiento Ibérico Antinuclear y la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca han remitido alegaciones al borrador del Real Decreto que busca actualizar la tasa destinada a la gestión de residuos nucleares. Esta acción busca asegurar que las propietarias de las centrales nucleares cumplan con la responsabilidad de costear el tratamiento de los residuos generados, proponiendo un importe de 21,83 €/MWh. Estas organizaciones argumentan que este es el único modo de garantizar que para el año 2100 los desechos nucleares estarán adecuadamente almacenados en el Almacén Geológico Profundo (AGP).
Las alegaciones resaltan la importancia de que las empresas nucleares, tras décadas de lucrativa actividad, no deleguen en entidades externas la carga financiera del incremento sugerido. El comunicado conjunto emitido recalca la inconformidad con un posible «rescate» a la industria nuclear en una etapa donde la viabilidad económica de la energía nuclear está bajo revisión, a medida que la era nuclear en España se aproxima a su conclusión.
Acorde a la información suministrada, una primera versión del Real Decreto que sugería un incremento del 40% en la tasa fue retirada debido a las presiones ejercidas por los dueños de las centrales. Estos se oponen a asumir las responsabilidades financieras vinculadas a la gestión de los residuos que han creado. Este proyecto inicial, presentado el 12 de enero de 2024, habría elevado la tasa desde los 7,98 €/MWh a 11,14 €/MWh a partir de julio de 2024. Esta disposición fue rechazada por las compañías eléctricas, y el ministerio cedió ante las presiones introduciendo un nuevo borrador que proponía una subida más moderada del 30%, estableciendo la tasa en 10,36 €/MWh.
Tal legislación pone en práctica el principio de que «el que contamina paga», asignando la gestión de los residuos radiactivos a la empresa pública Enresa. Con el objetivo de cubrir los costes de esta gestión, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd) modificó el 7º Plan General de Residuos Radiactivos, adelantando la transición de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) a siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD).
El Movimiento Ibérico Antinuclear ha expresado su preocupación por la suficiencia de los fondos que se recaudarían con esta tasa, planteando dudas sobre si se conseguirían los recursos necesarios para una gestión adecuada de los residuos nucleares. Según los compromisos existentes, estos recursos deberían garantizarse mucho antes del cierre de la última central en 2035. De no asegurarse estas contribuciones a tiempo, advierten que nuevamente serían los ciudadanos quienes asumirían los costos relacionados con la actividad nuclear.
