En un movimiento sin precedentes, la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, ha dictaminado este lunes la orden de captura contra Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, debido a acusaciones de crímenes de lesa humanidad. Esta acción judicial responde a una demanda elevada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), basándose en el principio de jurisdicción universal, el cual faculta a los estados a juzgar graves violaciones a los derechos humanos sin importar el lugar donde hayan sido cometidas.
Las acusaciones se extienden hacia figuras prominentes del gobierno venezolano, incluyendo a Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y otros integrantes del ejecutivo, quienes a partir de ahora enfrentan un escenario de respuesta legal internacional.
El FADD, compuesto por una amplia gama de profesionales argentinos desde políticos hasta defensores de los derechos humanos, ha descrito la resolución judicial como «histórica». De acuerdo con sus miembros, esto marca un precedente crucial en los esfuerzos por combatir la impunidad que protege a los dictadores y sus colaboradores más cercanos.
Tomás Farini Duggan, abogado representante del FADD, ha resaltado la importancia de este logro judicial, señalando que es fruto de la valentía de las víctimas que testificaron sobre las persecuciones, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, y torturas sufridas bajo la administración de Maduro.
Este suceso llega en un momento en que la administración de Maduro enfrenta un creciente escrutinio internacional, incluida una investigación en curso por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre alegaciones de crímenes de lesa humanidad. La decisión de la justicia argentina envía un mensaje importante al fiscal de la CPI, Karim Khan, sobre la necesidad de avanzar con órdenes de captura internacionales para enfrentar la impunidad presente en Venezuela.
La noticia ha sido bien recibida por activistas por los derechos humanos y opositores al régimen venezolano, quienes ven en este acto un paso significativo hacia la justicia y la reparación para las víctimas del gobierno de Maduro. Entre ellos, Elisa Trotta, secretaria general del FADD, ha enfatizado el papel de este dictamen en el envío de un claro mensaje a la comunidad internacional sobre la urgencia de actuar frente a las atrocidades cometidas en Venezuela durante la última década.
Este caso se contextualiza en un momento de amplia condena internacional contra el gobierno de Maduro, marcado recientemente por un informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU para la Determinación de Hechos, la cual denunció una «brutal represión» y una «violencia sin precedentes» tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La orden de captura contra Nicolás Maduro y sus colaboradores representa un hito significativo en la lucha contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad y refuerza el compromiso de la comunidad internacional con la defensa de los derechos humanos y la justicia global.
