El pasado 4 de octubre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) otorgó una victoria significativa al movimiento nacional de liberación saharaui, el Frente Polisario, en su lucha por poner fin a la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. Esta decisión judicial marca un punto de inflexión en la larga disputa territorial, al bloquear los intentos de la Comisión Europea de incluir el Sáhara Occidental en los acuerdos comerciales y de asociación pesquera de la UE con Marruecos.
La decisión judicial se produce en un momento crítico, con Marruecos aumentando sus esfuerzos para obtener reconocimiento internacional de su soberanía sobre el Sáhara Occidental. A pesar de haber logrado el apoyo del presidente francés Emmanuel Macron recientemente, las fuerzas del Polisario continúan sus acciones militares contra las tropas marroquíes, subrayando la persistente volatilidad del conflicto.
El TJUE reafirmó el estatus del Sáhara Occidental como un territorio no autónomo «separado y distinto» de Marruecos, sentando un precedente que desafía la inclusión del territorio en acuerdos bilaterales sin el consentimiento explícito de su pueblo. Este fallo subraya la necesidad de Marruecos de obtener el consentimiento saharaui para cualquier explotación de los recursos naturales del territorio, apuntando hacia el respeto a los derechos de autorregulación y beneficio económico del pueblo saharaui.
La anulación de los acuerdos de asociación pesquera y de liberalización comercial supone un revés económico tanto para los pescadores europeos, que pierden acceso a las aguas ricas en peces del Sáhara Occidental y Marruecos, como para el gobierno marroquí, que ve disminuidos sus ingresos procedentes de la UE destinados a desarrollar su sector pesquero en el territorio disputado. Además, la exigencia de que los productos exportados desde el Sáhara Occidental sean etiquetados como tales apunta a una mayor transparencia, afectando potencialmente la competitividad de productos marroquíes en el mercado europeo.
Más allá de las consecuencias económicas inmediatas, el fallo del TJUE plantea un reto significativo a la política exterior de la UE hacia Marruecos y el Sáhara Occidental. Requiere un replanteamiento de la estrategia europea, desde la cooperación científica y tecnológica hasta la inversión en energías renovables, asegurándose de que todos los futuros acuerdos excluyan explícitamente al Sáhara Occidental o cuenten con el consentimiento saharaui.
El veredicto ofrece al Polisario y a Marruecos la oportunidad de buscar una solución pragmática que pueda brindar beneficios económicos y diplomáticos a largo plazo. Sin embargo, la UE y sus Estados miembros deben navegar cuidadosamente para promover una solución que respete el derecho internacional y la autodeterminación del pueblo saharaui, evitando al mismo tiempo alienar a Marruecos, un socio comercial importante y un actor clave en la gestión de los flujos migratorios hacia Europa.
Este nuevo desenvolvimiento legal resalta la necesidad de revitalizar los esfuerzos diplomáticos para resolver el prolongado conflicto del Sáhara Occidental, apoyando una tercera vía de asociación libre que equilibre la autodeterminación saharaui con los intereses de Marruecos. En este contexto, la diplomacia liderada por la ONU emerge como la única vía viable hacia una paz duradera, requiriendo de la UE una postura firme en el respeto al derecho internacional y la promoción del diálogo entre las partes.
