La Guardia Civil de Ciudad Real ha llevado a cabo una significativa operación tecnológica en la que han detenido e investigado a 60 personas implicadas en una red de estafas telemáticas con presencia en diversas provincias y países, abarcando hasta 25 nacionalidades distintas. Esta acción se ha traducido además en el bloqueo de más de un centenar de cuentas bancarias utilizadas para canalizar los fondos obtenidos ilícitamente.
El caso se destapó en 2021, tras una denuncia presentada por una empresa en Socuellamos, que reportó la manipulación de su sistema de correo electrónico. Se descubrió que los ciberdelincuentes habían intervenido la recepción y envío de correos de la compañía, alterando datos cruciales como los números de cuenta bancaria en las facturas emitidas, según informó la Guardia Civil en un comunicado.
Los atacantes empleaban la técnica de ‘Man in the middle’, colocándose entre dos entidades comunicantes—la que ofrece servicios y la que los paga—, logrando así acceso y control sobre la información intercambiada, pudiendo alterarla sin ser detectados, como en el caso de los números de cuenta en las facturas.
En el esquema se recurrió también al uso de ‘mulas económicas’, individuos que, a cambio de una remuneración, abrían cuentas bancarias presentando documentos de identidad falsificados. A través de un procedimiento de verificación de video-selfie, estas personas mostraban un documento falso aunque convincente, pues la foto del mismo coincidía con la de la persona que hacía el video, pero los datos pertenecían a un tercero cuya identidad había sido usurpada previamente.
Las víctimas de la estafa incluían tanto a las empresas que perdían los fondos como a las personas cuyas identidades eran robadas para la apertura de cuentas. Gracias a la operación ‘Somoi’, se ha podido recuperar casi medio millón de euros y se han bloqueado numerosas cuentas bancarias en las que los delincuentes depositaban el dinero estafado, cien de ellas situadas en la provincia de Ciudad Real.
Los individuos detenidos e investigados enfrentan cargos por delitos de estafa bancaria, blanqueo de capitales, falsificación de documento público, usurpación de identidad y pertenencia a organización criminal. La operación destaca por su envergadura y complejidad, dada la diversidad geográfica y la cantidad de nacionalidades involucradas en la red delictiva.
