La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela emitió un contundente informe este martes, en el cual acusó al Gobierno de Nicolás Maduro de cometer «crímenes de lesa humanidad». El reporte, que cubre el periodo desde el 1 de septiembre de 2023 hasta el 31 de agosto de 2024, incrimina al régimen venezolano en actividades sistemáticas de represión y persecución política que se intensificaron antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Este documento, de 158 páginas, expone las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por fuerzas de seguridad del Estado venezolano y grupos civiles armados afines al gobierno. Entre los delitos documentados se incluyen asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura, y violencia sexual y de género. Estas acciones involucran directamente a organismos como el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional, acusándolos de detenciones arbitrarias, uso desmedido de la fuerza y otros tratos crueles.
Además, el informe resalta cómo las declaraciones y posturas adoptadas por las máximas autoridades del país, incluido el propio presidente Maduro, después de las elecciones del 28 de julio, han incitado directamente a la represión, contribuyendo a un ambiente de violencia y hostilidad generalizada. Instituciones como el Consejo Nacional Electoral y la Asamblea Nacional son señaladas por comprometer la transparencia e integridad del proceso electoral y limitar los derechos humanos y el espacio democrático.
Un aspecto crucial de este informe es el énfasis en la diversificación del perfil de las víctimas de la represión estatal. Si bien las investigaciones anteriores ya habían identificado a líderes opositores y activistas sociales como blancos de las acciones represivas del Gobierno, el nuevo documento destaca cómo, en el contexto de las elecciones presidenciales, ciudadanos comunes que expresaron su desacuerdo con el gobierno o los resultados electorales anunciados también sufrieron abusos.
El documento también detalla operaciones específicas, como la denominada operación Brazalete Blanco y la campaña electoral, que llevó a la detención de decenas de personas bajo acusaciones de conspiración contra el gobierno. Esta estrategia de represión selectiva implicó la detención arbitraria de militares, políticos y miembros activos de la sociedad civil.
La publicación de este informe coincide con un periodo de tensiones significativas en Venezuela, marcado por la falta de legitimidad de los procesos electorales y el cuestionamiento internacional del liderazgo de Maduro. En respuesta a los hallazgos del informe, el equipo liderado por la jurista portuguesa Marta Valiñas, y compuesto además por el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá, demanda atención internacional urgente y medidas concretas para abordar la crisis de derechos humanos que vive Venezuela. Este llamamiento se dirige no solo a los organismos internacionales y gobiernos extranjeros, sino también a la sociedad civil global, para que se sumen a los esfuerzos de denuncia y presión para el cese de las violaciones de derechos humanos en el país caribeño.
