El proceso de despoblación es un fenómeno demográfico y territorial que afecta a España desde la segunda mitad del siglo XX como consecuencia del éxodo rural hacia las zonas urbanas. Existen numerosos factores económicos que justifican este proceso de despoblación desde zonas deprimidas y atrasadas donde apenas si existen dimensiones de crecimiento: las altas tasas de desempleo, la falta de espíritu emprendedor e iniciativas, la excesiva dependencia del sector primario, la inexistencia de sectores productivos, la falta de diversificación económica, el déficit de desarrollo tecnológico, la falta de financiación o las deficientes infraestructuras son algunos de ellos.
El desplazamiento hacia la ciudad en busca de una mayor calidad de vida es un proceso que podemos considerar natural, pero pone en peligro la dinámica demográfica para las zonas del medio rural. Dinámica que podría ser irrecuperable si tenemos en cuenta que el emigrante es sobre población joven y de manera muy especial mujer, lo que genera bajas de natalidad por la debilidad de la población en franjas reproductivas. Esto provoca que el crecimiento vegetativo acaba siendo negativo, circunstancia que se complica aún más porque la pérdida de capital humano de los más jóvenes y emprendedores resta dinamismo empresarial a escala local donde no hay expectativas de crecimiento y desarrollo. El declive demográfico, por lo tanto, conduce de manera irremediable al declive económico.
El fenómeno de la despoblación afecta a muchos ámbitos, pero no todos ellos influyen de la misma manera, hablamos de territorios rurales afectados por diferentes variables demográficas (baja densidad de población, desequilibrio en su estructura por edad, género, formación, igualdad de oportunidades, movimiento natural, dispersión, lugar de nacimiento, edad, etc.) Pero además es que no existe un modelo urbano capaz de cohesionar y vertebrar el conjunto del territorio, de ahí el escepticismo hacia una perspectiva incierta en su permanencia, con graves problemas estructurales que conducen a muchas zonas rurales hacia la desertización demográfica lo que podría concluir, a corto-medio plazo, con la desaparición de los municipios más pequeños.
A principios del siglo XX, como consecuencia del proceso de industrialización, se intensificaron las migraciones hacia el interior peninsular y se produjo un rápido crecimiento demográfico urbano. Sin embargo, había cierto equilibrio ya que este fenómeno coexistía con un moderado crecimiento de la población rural (aunque habría que reconocer que se produjo un pequeño declive demográfico del medio rural que en el año 1940 representaba el 52% de la población frente al 68% de 1900; España en términos absolutos pasó de 12,5 millones en 1900 a 13,3 en 1940).
La crisis demográfica se inició en nuestro país en la segunda mitad del siglo XX (1950-1975), con una gran corriente migratoria desde territorios más atrasados hacia regiones más desarrolladas, un claro ejemplo de esta tendencia es la caída de la población rural, en 1950 la población en municipios menores de dos mil habitantes representaba un 39%, en la actualidad los municipios entre 2000 y 10.000 habitantes representan al 25% del total de la población española. Es decir, en la segunda mitad del siglo XX se perdió el 40% de la población rural sobre todo en territorios del interior peninsular, estas dispersiones o contrastes regionales permiten afirmar que una de las causas del éxodo rural es la ausencia de oportunidades en sectores diferentes al de la agricultura tradicional.
A partir de 1980, tras la crisis mundial del petróleo, la economía española tiende a estabilizarse con políticas de reconversión hacia varios sectores estratégicos y la liberalización e ingreso de España en la CEE. En este corto período de tiempo se produce una desaceleración de la despoblación con la llegada masiva de inmigrantes como consecuencia del “boom económico”, de la especulación financiera y de la burbuja inmobiliaria, finalmente la crisis económica del 2008 viene de nuevo a paralizar el proceso de repoblación del mundo rural.
Pero, ¿en estos últimos años se ha realizado algún tipo de política de carácter específico para frenar la despoblación en España?
En los años 80 se inicia un proceso de descentralización territorial, acompañado del Tratado de Integración en las Comunidades Europeas, y las comunidades autónomas empiezan a ejercer sus competencias desde los principios de suficiencia y estabilidad financiera, desde los que se pretende gestionar de manera coordinada y eficiente el conjunto de servicios públicos para profundizar en actuaciones de cohesión e integración del territorio junto con cuestiones de carácter económico, cultural o demográfico.
La Constitución de 1978 y el proceso de descentralización autonómica, que tuvo gran éxito en su primera fase, conduce a las comunidades autónomas hacia una democracia descentralizada y la aprobación de sus estatutos de autonomía, sin embargo, no se da respuesta a los problemas territoriales en España, tal vez por la presencia y exigencia de los propios nacionalismos en cada uno de los territorios, siempre insatisfechos por las cuotas de autogobiernos alcanzados, y desde luego, por la falta de compromiso de la administración central en el diseño y planificación conjunta con los diferentes interlocutores en la planificación de proyectos específicos de ámbito nacional y europeo para combatir la despoblación.
En definitiva, no se han producido los cambios requeridos en la gestión del territorio donde siempre ha permanecido la primacía de lo político y el olvido de lo territorial. La descentralización no ha logrado su compromiso inicial de promover el reequilibrio territorial y armonizar aún más el equilibrio entre el mundo rural y urbano. En todos estos años no ha existido esa relación vertical entre la Administración General del Estado y sus diferentes gobiernos autonómicos, ni tampoco ha existido colaboración horizontal entre las propias comunidades autónomas a la hora de poder poner en marcha proyectos estratégicos cualitativos que pudieran dar respuesta al silencio prolongado y callado de la “España vacía”.
La realidad en nuestro país es la inexistencia de políticas específicas que puedan dar respuesta a cuestiones tales como el desarrollo local, la despoblación o los problemas demográficos. Desde la incorporación de España a la UE se han destinado fondos a políticas de cohesión social y vertebración territorial a las comunidades autónomas y a los gobiernos locales en menor proporción, pero estos fondos no se han orientado a promover la convergencia regional o a afrontar problemas relacionados con la cuestión demográfica y geográfica de los territorios, sino que se han utilizado criterios de eficiencia y equidad de manera muy general.
Y es que esos fondos se han vinculado a funciones de gasto público relacionadas con la provisión de los servicios básicos dentro de las políticas incluidas en el Estado del Bienestar Social o a la ejecución de grandes infraestructuras, beneficiando a grandes sociedades financieras en materia de inversión ya que las comunidades autónomas, que tienen la competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio y que por lo tanto son responsables en evitar los problemas de desequilibrios internos, no se han comprometido con el diseño de planes específicos contra la despoblación.
En este contexto, en la Conferencia de Presidentes de enero del 2017 se presentó por primera vez una propuesta de estrategia nacional para hacer frente al reto demográfico y se creó una comisión dentro del denominado Foro de Comunidades Autónomas por el Cambio Demográfico (FREDD). Las cuestiones relacionadas con los desafíos demográficos fueron incluidas en el Acuerdo de Asociación del Gobierno de España, en el marco de la programación de la Política de Cohesión para el período 2014-2020, con la intención de su debate y aprobación en el Comité Europeo de las Regiones para ser incluidas en el próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea después de que una Resolución del Parlamento Europeo de 14 de noviembre del mismo año recogiera en el Libro Blanco dichas peticiones.
El 10 de septiembre del 2018, se celebró la denominada Declaración de Zaragoza, las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Galicia, Asturias, La Rioja, Aragón y Castilla-León firmaron en Zaragoza una declaración institucional sobre la reforma del sistema de financiación autonómica. Estos seis territorios, que representan el 21% de la población española y al 52% del territorio nacional, abogan por un nuevo modelo multilateral en el seno del Consejo de Política, Fiscal y Financiera que tendrá que debatir el coste real de los servicios en los territorios teniendo en cuenta criterios tales como la despoblación, el envejecimiento, geografía, zonas de montaña, dispersión, etc.
Europa debe ser referente desde un nuevo marco legislativo y financiero de una nueva estrategia para hacer frente al conjunto de problemas que se derivan de los desafíos demográficos, tal y como ha reconocido el Parlamento Europeo en una resolución sobre el despliegue de instrumentos de políticas de cohesión que ha de establecer un nuevo marco jurídico donde el Reglamento sobre Disposiciones Comunes recoja y reconozca los problemas de las regiones con desventajas demográficas graves y permanentes. En este contexto se aboga por una Estrategia Nacional contra la Despoblación que pasa por una nueva negociación de la financiación autonómica y esperemos que, también y de una vez por todas, de la financiación local.
En definitiva, a corto plazo, para el próximo período de programación 2021-2027, se debe plantear un nuevo escenario donde la despoblación sea un reto dentro de la política de cohesión de la UE desde un modelo inteligente, sostenible e inclusivo porque se trata de un problema común a Europa que afecta a muchos países miembros y que requiere de actuaciones consensuadas, analizadas, compartidas, innovadoras y, sobre todo, bien contextualizadas en cada una de las estrategias en los territorios de implantación.
Un artículo de Nicasio Peláez, Máster Universitario en Investigación y Humanidades.
