Los Mossos d’Esquadra han llevado a cabo una operación que ha resultado en la detención de nueve personas acusadas de apropiarse ilegalmente de 18 viviendas pertenecientes a individuos en situación económica precaria. Las detenciones se llevaron a cabo en diversas localidades, incluyendo Barcelona, Badalona, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, así como en Madrid y Ciudad Real.
Según un comunicado emitido este viernes por el cuerpo de policía catalana, los detenidos enfrentan múltiples acusaciones, que incluyen pertenencia a un grupo criminal, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y defraudación a la hacienda pública.
La investigación que condujo a estas arrestos comenzó a finales de 2022, cuando agentes de Premià de Mar se hicieron eco de una querella presentada en un juzgado de instrucción de Barcelona. La denuncia exponía hechos delictivos relacionados con la apropiación de propiedades, lo que llevó a la detención inicial de cuatro individuos que se habían apropiado del piso de una mujer fallecida sin herederos legítimos.
A raíz de estas detenciones, los investigadores empezaron a desentrañar una red delictiva más amplia que operaba con un sofisticado esquema. Los presuntos delincuentes captaban a sus víctimas, predominantemente personas vulnerables con dificultades financieras, ofreciéndoles pagar sus deudas a cambio de poderes notariales sobre sus inmuebles. Esto se realizaba bajo la apariencia de un contrato que, sin que las víctimas lo supieran, otorgaba amplias facultades a uno de los estafadores para realizar la compraventa de las propiedades.
El modus operandi incluía la venta de las viviendas en notarías utilizando cheques manipulados que rara vez llegaban a los bancos. Una vez que obtuvieron el poder sobre las propiedades, los delincuentes podían vender los inmuebles a terceros ajenos al grupo criminal que estaban interesados en adquirir las propiedades de manera legal.
Además, la red utilizaba empresas creadas a nombre de ‘testaferros’ para desviar el dinero obtenido de cada operación, lo cual les permitía pagar las deudas de las víctimas y solicitar préstamos a entidades bancarias sin ser detectados por las autoridades fiscales. Para lograr esto, manipulaban datos financieros y contactaban con empresas respetables para dar credibilidad a su actividad comercial, creando una fachada que engañaba a las entidades financieras.
El 25 de noviembre, tras una serie de operativos, se detuvieron a los nueve implicados, incluyendo al líder de la trama. Durante los registros de varios domicilios, se recuperaron alrededor de 100 evidencias, incluyendo documentos notariales, poderes, contratos y aproximadamente 6.500 euros en efectivo. Después de prestar declaración, cuatro de los detenidos fueron liberados, mientras que los otros cinco se presentaron ante el juzgado de instrucción de guardia de Barcelona.
