Toledo, 5 de marzo de 2026.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado las nuevas rebajas fiscales destinadas a facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes, así como un conjunto de medidas orientadas a la simplificación administrativa y una serie de preceptos relacionados con la política de recursos humanos del Servicio de Salud de la región (SESCAM), incluidas en el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias para 2026.

Así lo ha manifestado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante su intervención en el debate de esta iniciativa legislativa, que se ha celebrado en las Cortes regionales este jueves. Allí ha indicado que se trata de una norma legislativa “ambiciosa en sus fines y rigurosa en su elaboración”, aprobada en Consejo de Gobierno el 3 de febrero pasado y que está constituida por 18 artículos, dos disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.

Medidas tributarias vinculadas a favorecer la adquisición de vivienda a los jóvenes

En cuanto al alcance del proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias que hoy se ha debatido, el consejero ha detallado, en primer lugar, un paquete de medidas orientadas a favorecer la adquisición de vivienda a los menores de 36 años. En este sentido se ha establecido la reducción de un 40% del tipo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, pasando del 5 al 3% para la adquisición de la primera vivienda, así como la reducción a la mitad del tipo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que pasará del 0,50 al 0,25%.

Además, se ha incorporado una nueva deducción en el tramo autonómico del IRPF del 15% para las aportaciones realizadas a cuentas de entidades de crédito, siempre que el importe depositado se destine a la adquisición de la vivienda habitual, con una deducción máxima de 3.000 euros, recuperando así la figura de las denominadas ‘cuentas ahorro vivienda’. A ello se suma el incremento del límite máximo de la deducción por arrendamiento de vivienda habitual, que pasa de 450 a 500 euros y que será aplicable no solo a los menores de 36 años, sino también a las familias numerosas, familias monoparentales y personas con discapacidad.

Otras medidas tributarias

Durante su alocución, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital se ha referido también a otras iniciativas fiscales que se incorporan al proyecto de ley, como una nueva deducción del IRPF del 30% por los gastos derivados de controles veterinarios y vacunación de perros de asistencia para las personas con discapacidad, con un máximo de 100 euros por contribuyente.

En materia de tasas, ha explicado que la norma establece la exención de pago de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) para los titulares de vehículos adscritos a las licencias de autotaxi, con el objetivo de fortalecer el sector para que puedan responder con “eficacia, calidad y competitividad a los nuevos retos”. También incluye la supresión de las tasas del Programa Acredita para facilitar que las personas que necesiten obtener certificados profesionales para acceder al mercado laboral o promocionar en él no tengan que asumir un coste económico adicional.

En relación con el uso doméstico del canon del agua, Ruiz Molina ha indicado que el proyecto contempla una bonificación del 100% para personas con discapacidad igual o superior al 33% y del 50% para usuarios en situación de riesgo de exclusión social cuando la ordenanza municipal no contemple una bonificación total. Asimismo, se agiliza el trámite para que las familias numerosas puedan beneficiarse de la bonificación correspondiente y se establece una exención para los ayuntamientos hasta marzo de 2028 por las pérdidas de agua derivadas de fugas en sus redes municipales, además de una reducción de cuota para los contadores colectivos de los centros con plazas de residencias educativas o sociosanitarias.

Avanzar en la simplificación y agilización administrativa y política de recursos humanos

El segundo bloque de medidas que ha señalado el consejero está orientado a avanzar en la simplificación y agilización administrativa mediante la modificación de diferentes leyes autonómicas, al objeto de sustituir, por ejemplo, “las autorizaciones por las declaraciones responsables, eliminar trámites o declarar en algunos casos el silencio positivo”. Estas modificaciones afectan a la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística, a la Ley 9/1990 de Carreteras y Caminos, a la Ley 14/2002 de Ordenación y Fomento de la Artesanía, a la Ley 14/2005 de Ordenación del Transporte de personas por carretera y a la Ley 14/2010 de Servicios Sociales.

En tercer lugar, se ha referido a las medidas que incluyen una serie de preceptos en relación con la política de recursos humanos del SESCAM, que afectan a la obligatoriedad de relacionarse a través de medios electrónicos y a la reducción de plazos para la presentación de determinada documentación en sus procesos selectivos, la regulación de los requisitos de acceso a plazas vinculadas a unidades docentes acreditadas y la provisión de Jefaturas de carácter asistencial.

Al margen de estas tres grandes áreas, el consejero también ha destacado la creación del Fondo de Apoyo a la Lucha contra la Despoblación, que se financiará con recursos procedentes del canon eólico y del canon de participación urbanística, cuyo importe se concretará en las leyes anuales de presupuestos.

En definitiva, un proyecto de ley que pretende alcanzar tres importantes objetivos: contribuir con nuevos incentivos fiscales a que el acceso a la vivienda sea más asequible para los jóvenes, reforzar la eficiencia y eficacia de los servicios que ofrece la Administración regional a la ciudadanía, reduciendo cargas burocráticas; y seguir cumpliendo todas estas medidas y los compromisos adquiridos por el Gobierno regional.

Por todo ello, Juan Alfonso Ruiz Molina ha mostrado su confianza en que las Cortes rechacen la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular, ya que carece de “rigor y credibilidad”, para que el proyecto de ley continúe su tramitación parlamentaria y aprobación, puesto que, en palabras del propio consejero, va a “mejorar el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía de la región”, que es la principal prioridad del presidente de Castilla-La Mancha desde que asumiera el cargo hace más de 10 años y medio.