La reciente jornada sobre el «Derecho Civil Catalán: perspectivas actuales y desafíos en la práctica notarial y jurídica», ha servido como plataforma para discutir las profundas transformaciones en la normativa de alquiler en Cataluña. En el centro de estas reflexiones se situó Mercedes Blanco, vocal de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Comercio de Barcelona y CEO de Vecinos Felices Administración de Fincas y Alquileres, quien lanzó luz sobre los cambios significativos que se han producido en los últimos dieciocho meses.
La nueva Ley de Vivienda, incorporada en Cataluña, busca poner fin al caos previamente existente en el sector del alquiler, mediante la imposición de regulaciones más estrictas. Esta normativa tiene como propósito fundamental equilibrar las balanzas entre arrendadores e inquilinos, estableciendo lineamientos claros sobre precios y condiciones contractuales. Un punto esencial destacado por Blanco es el papel de la ubicación de la propiedad en la formulación de los contratos de arrendamiento. Las zonas designadas como «de mercado residencial tensionado» ahora abarcan el 90% de las poblaciones catalanas, implicando que estas áreas requieren una atención específica en su declaración contractual debido a su impacto en la determinación de la renta.
Además del emplazamiento, el estatus del arrendador emerge como un factor decisivo. Los «grandes tenedores», definidos como aquellos propietarios con más de diez inmuebles, están obligados a fijar las rentas de acuerdo con el índice de referencia establecido por el Ministerio de Vivienda. Por el contrario, los «pequeños tenedores» disfrutan de una mayor libertades a la hora de establecer los precios, con la posibilidad de añadir un incremento del 10% si han realizado mejoras en los últimos dos años. Sin embargo, este margen debe ser manejado con sumo cuidado, ya que los posibles gastos adicionales relacionados con la comunidad o el IBI, permitidos en el contrato, también están limitados en cuanto a incrementos anuales.
La jornada también prestó especial atención a la controversia en torno a los precios de alquiler, una cuestión que ha protagonizado intensos debates. Blanco enfatizó la importancia para los arrendadores de comprender estas restricciones para evitar cláusulas abusivas susceptibles de ser legalmente impugnadas. Señaló además que los contratos ahora deben garantizar una duración mínima de cinco años, con el derecho para los inquilinos de desistir después de seis meses, siempre que se cumpla con el preaviso correspondiente.
En conclusión, la jornada subrayó la imperiosa necesidad de que tanto arrendadores como inquilinos estén plenamente informados sobre sus respectivos derechos y obligaciones. Esto no solo sirve para prevenir conflictos, sino que fomenta un clima de protección dual, garantizado por la ley, que busque satisfacer a ambas partes involucradas en un contrato de alquiler.
