En un mundo cada vez más interconectado, la gestión de la migración se ha convertido en un tema candente en la política internacional, siendo el foco de intensos debates y divergentes políticas gubernamentales. Recientemente, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, y Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, han evidenciado estos contrastes de enfoques con sus recientes declaraciones y acciones sobre la inmigración.
Pedro Sánchez ha puesto de relieve una estrategia de inmigración «con un nuevo enfoque integral», una postura que contrasta fuertemente con la de su homóloga italiana, Giorgia Meloni, líder de Hermanos de Italia, quien ha enfocado su discurso político en la inmigración principalmente desde una perspectiva de control y restricción, aludiendo a la idea de una «invasión» durante su campaña y acusando a los gobiernos anteriores de incompetencia en la materia.
Las estrategias de ambos políticos no solo varían en retórica sino también en acción. Meloni, a pesar de su firme postura inicial de un «bloqueo naval» contra la migración irregular, ha implementado políticas que siguen líneas similares a las de sus predecesores, aunque introduciendo medidas más restrictivas contra las ONGs marítimas y promoviendo acuerdos externos para el control migratorio, como el establecido con Albania.
El acuerdo de Italia con Albania para la deportación de inmigrantes y la creación de centros fuera del territorio italiano ilustra un enfoque basado en la externalización de fronteras, una práctica no exclusiva de Italia dentro de la Unión Europea pero que ha cobrado notoriedad con el apoyo brindado por Meloni. Esta estrategia ha propiciado una disminución en el número de llegadas irregulares a Italia, aunque ha despertado críticas por las duras condiciones enfrentadas por los migrantes y la cooperación con regímenes controvertidos.
Por otro lado, el enfoque de Sánchez, aunque también contempla la externalización y el control migratorio, incluye un elemento diferenciador significativo: la promoción de vías legales y seguras para la migración. La iniciativa de Sánchez de establecer cuotas de migración legal para trabajadores africanos podría representar un cambio de paradigma hacia una gestión de la migración más humana y regulada.
La respuesta a estas políticas es mixta, con algunos sectores criticando la persistencia en enfoques de externalización que pueden contribuir a la violación de derechos humanos de los migrantes, y otros aplaudiendo las tentativas por regularizar y organizar los flujos migratorios. La controversia se extiende también al uso político del tema migratorio, con acusaciones de que tanto Sánchez como Meloni buscan capitalizar políticamente sus posturas.
A pesar de las diferencias, ambos gobiernos comparten la lucha contra el tráfico de personas y el intento de desincentivar la migración irregular. Sin embargo, mientras Meloni se enfoca en la restricción y el control, evidenciando una tendencia hacia políticas de línea dura, Sánchez busca incorporar a su política una dimensión de cooperación y regulación de los flujos migratorios. Este contraste entre España e Italia refleja las tensiones y desafíos comunes a Europa en la gestión de la migración, un tema que sigue evolucionando en medio de debates éticos, políticos y sociales.
