La Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha está desarrollando una iniciativa que busca garantizar la estabilidad financiera de las comunidades autónomas frente a decisiones estatales que incidan en sus economías. La propuesta, destinada a presentarse ante la Conferencia de Presidentes, busca exigir que cualquier medida adoptada por el Estado que impacte en los ingresos o gastos regionales incluya obligatoriamente una memoria económica detallando dichos efectos y cómo equilibrar posibles desequilibrios financieros resultantes.
Esther Padilla, consejera y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, ha comunicado en conferencia de prensa ejemplos concretos de cómo ciertas leyes y medidas podrían afectar financieramente a las comunidades. Por un lado, se mencionó la Ley de Universidades, la cual generaría gastos no contemplados; por otro, se citaron posibles reformas que influyan en la recaudación del IVA. Padilla ha remarcado la importancia de acompañar tales medidas con evaluaciones de impacto y mecanismos compensatorios para evitar la infrafinanciación de los servicios públicos.
Además, la consejera ha vinculado esta demanda al problema de infrafinanciación que arrastra Castilla-La Mancha bajo el vigente modelo de financiación autonómica. Emiliano García-Page, presidente autonómico, subrayó la urgencia de tratar el déficit antes de avanzar hacia un nuevo modelo financiero. Él aboga por un sistema de reparto basado en el costo real de los servicios públicos.
Padilla hizo un llamado a los representantes del Partido Popular (PP) en la región a buscar consenso siguiendo las directrices unánimes fijadas por las Cortes en 2019, y ha instado a evitar la deslealtad previamente mostrada en temas de gestión de agua y residuos nucleares en la discusión sobre financiación autonómica.
La portavoz también se opuso a la idea de unir fuerzas con otras comunidades infrafinanciadas como la Comunidad Valenciana, Murcia o Andalucía, dado que sus intereses y visiones respecto al nuevo modelo financiero contrastan con los de Castilla-La Mancha. A esto, recordó los intereses partidistas que podría haber detrás de tal alianza, señalando que las reclamaciones de alineación no se presentaron cuando dichas comunidades estaban gobernadas por otras fuerzas políticas distintas al PP.
