Las nuevas medidas destinadas a reforzar la evaluación del rendimiento de los empleados públicos serán efectivas a partir de este jueves, según se ha establecido tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Estas regulaciones son una fracción del Real Decreto-Ley de medidas urgentes, parte del Plan de Recuperación aprobado por el Consejo de Ministros el pasado martes, que busca un cambio estructural en la Función Pública. El Libro II del mencionado plan prevé avances significativos en la planificación estratégica de recursos humanos y la introducción de sistemas como la evaluación de desempeño y nuevos métodos de acceso.
El texto oficializa la evaluación de desempeño obligatoria, cuya finalidad es valorar la conducta profesional y medir el rendimiento, buscando con ello fomentar la productividad y mejorar la prestación de servicios públicos. Las evaluaciones, acordadas con sindicatos durante la fase de información pública del anteproyecto de ley de Función Pública, se proyectan con una intención constructiva, asegurando que el personal que no las supere no perderá su condición de funcionario. En cambio, para quienes obtengan evaluaciones insatisfactorias se promoverán acciones de formación que les brinden las herramientas necesarias para mejorar su rendimiento. El Gobierno enfatiza que incentivos como la participación y ofertas para mejorar condiciones favorecerán la posibilidad de revertir resultados negativos.
Aquellos empleados que superen las evaluaciones disfrutarán de beneficios directos sobre variables como el complemento de desempeño, que reemplaza el anterior complemento de productividad, y verán potenciada su progresión en la carrera profesional, siendo esto crucial tanto en concursos de méritos para ocupar puestos de trabajo como para acceder a formaciones continuas. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, resaltó la introducción de la carrera horizontal en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, ilustrando el nuevo sistema de tramos que valorará la trayectoria, el desempeño, la formación y la participación en actividades académicas o de investigación, todo lo cual se reflejará en mejoras salariales a través del nuevo complemento de carrera.
En línea con el apoyo a la diversidad, se prevé la creación de unidades de inclusión para personas con discapacidad. Además, el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) se consolidará como una agencia de empleo público, con un rol ampliado en las políticas de selección y formación de los trabajadores estatales.
La norma regula también la agilización de los procesos selectivos, introduciendo un límite de un año de duración para los procesos de oposición, y destaca la importancia de disponer de criterios de mérito y competencia en la selección de altos funcionarios. Se incluyen órdenes ministeriales enfocadas en la planificación estratégica de los recursos humanos y la regulación del directivo público profesional en la Administración del Estado, estableciendo planes de duración cuatrienal y otros específicos para la reestructuración de sectores concretos.
Finalmente, la oferta de empleo público se verá reforzada al establecerse plazos inaplazables para su ejecución y la posibilidad de que plazas no ocupadas en convocatorias previas puedan ser reofertadas si no han transcurrido más de tres años desde su publicación original. Con la territorialización de las pruebas y la publicación de convocatorias en el mismo año de la aprobación de la Oferta de Empleo Público, el Gobierno se propone introducir un modelo de selección más eficaz y adaptado a las funciones a desempeñar.
