El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el proyecto de ley de Integridad Pública, que será remitido a las Cortes regionales para su tramitación parlamentaria. Según el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, se busca aprobar la ley con el máximo consenso posible durante este periodo de sesiones.
Castilla-La Mancha, comunidad que según Martínez Guijarro ha sido pionera en materia de transparencia, busca con esta nueva legislación cerrar el círculo legal para asegurar la honestidad, la transparencia y promover el buen gobierno y la participación ciudadana en asuntos de interés público.
La ley sigue a otras normas relacionadas, como la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y la Ley de Participación Ciudadana, aprobadas en legislaturas anteriores. Este nuevo texto legal busca ofrecer una definición más clara de qué se entiende por alto cargo e incluirá en su ámbito de aplicación a una variedad de figuras administrativas y de liderazgo dentro del ámbito regional.
La Oficina de Integridad, ya en funcionamiento, tendrá como función adicional el control y vigilancia de las nuevas obligaciones impuestas a los altos cargos. Entre estas, se destaca la presentación de una declaración responsable al asumir el cargo, asegurando no incurrir en incompatibilidades, y la unión de esta a la de Actividades, Bienes y Rentas.
En caso de detectarse alguna incompatibilidad, se concederá un plazo de un mes para su resolución, antes de tener que abandonar el cargo. Asimismo, se crearán dos registros: uno de actividades y otro de bienes y derechos de los cargos públicos.
Martínez Guijarro resaltó que en Castilla-La Mancha la propiedad de los cargos públicos es pública y se publica anualmente. Además, en situaciones donde pueda haber conflicto de intereses, los altos cargos estarán obligados a inhibirse de tomar decisiones y a comunicar la abstención a la Oficina de Integridad.
Tras cada convocatoria electoral, los miembros del Gobierno deberán hacer una declaración patrimonial especial ante la Oficina de Integridad, que después será publicada en el Portal de Transparencia. Similar obligación tendrán al cesar su cargo, para evitar conflictos con el sector privado y las denominadas «puertas giratorias».
La ley también introduce un régimen sancionador que va desde la amonestación hasta la inhabilitación para ocupar cargos públicos por hasta cuatro años en casos de faltas muy graves.
Martínez Guijarro también mencionó el establecimiento de canales de denuncia tanto internos como externos, siendo el Consejo de Transparencia el órgano externo designado por la Comunidad Autónoma para recibir denuncias de cualquier ciudadano.
Con la aprobación de esta ley, el vicepresidente afirmó que Castilla-La Mancha continúa siendo vanguardia en legislación sobre transparencia y gestión pública íntegra.
