El Consejo de Ministros ha dado un paso adelante en la lucha contra el desperdicio alimentario en España al aprobar el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. Este proyecto había sido interrumpido previamente debido a la disolución de las Cortes Generales. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la rueda de prensa posterior al Consejo, destacó la importancia de retomar esta medida legislativa que combina la eficiencia económica con la responsabilidad ambiental y la equidad social.
El proyecto de ley busca establecer un marco legal en el ámbito nacional para prevenir y reducir la cantidad de alimento desperdiciado a lo largo de toda la cadena alimentaria, introduciendo sanciones significativas para aquellos establecimientos que incurran en prácticas de desperdicio. Las multas por infracciones muy graves podrán oscilar entre 60.001 y 500.000 euros, especialmente en casos recurrentes.
Además, la ley prioriza el consumo humano de los alimentos no vendidos a través de la donación y redistribución, incentivando la firma de convenios de colaboración entre los diferentes agentes alimentarios y entidades benéficas. La ley exceptúa de esta obligación a establecimientos de menor tamaño.
La Asociación Nacional de Alimentos (ANDAS) señala una carga de 3,5 millones de euros en concepto de IVA pagado por los bancos de alimentos al adquirir productos para personas necesitadas. A pesar de las peticiones para eliminar el IVA a las donaciones, el Congreso rechazó esta propuesta, quedando pendiente de debate en el Senado.
El proyecto también promueve la transformación de alimentos no vendidos en productos derivados, como zumos o mermeladas, cuando aún son adecuados para el consumo humano. En los casos en los que no es posible su consumo por personas, se fomentará su uso en alimentación animal, otras industrias, o la obtención de compost o biocombustibles.
El texto legislativo incluye además medidas de concienciación y pedagogía. Entre ellas, la capacidad del cliente en hostelería de llevarse las sobras sin coste adicional, así como la venta de productos con imperfecciones o cuya fecha de caducidad se aproxima, siempre que sea seguro su consumo.
El proyecto de ley obliga a los agentes de la cadena alimentaria a desarrollar un plan de prevención de pérdidas y desperdicio, e insta al Gobierno a elaborar y mantener un Plan Estratégico nacional y revisiones periódicas para combatir este problema.
Según la FAO, cada año se desperdician a nivel mundial cerca de 1.300 millones de toneladas de alimentos, y en España, la cifra de alimentos desechados ha disminuido, con un descenso en 2022 que se traduce en 65,5 kilos o litros de comida perdidos por hogar español. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha concretado que los esfuerzos deben continuar para seguir reduciendo estas cifras alarmantes.
La ley tiene previsto entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2025, permitiendo así a los operadores adaptarse a las nuevas disposiciones. El proyecto ahora sigue su trámite parlamentario y su compleja discusión de enmiendas pendientes.
