En un hito histórico, Nueva Caledonia, un territorio francés en el Pacífico, ha acordado un enfoque inédito para su futuro político. Durante intensas negociaciones en Bougival, se estableció que la isla no se independizará, pero sí se convertirá en «un Estado inscrito en la Constitución de la República Francesa», lo que le permitirá ser reconocido a nivel internacional. Este acuerdo busca pacificar un territorio marcado por episodios de violencia y tensiones políticas, con el último estallido cobrando 14 vidas y causando daños masivos.
El compromiso, que aún requiere la aprobación de los habitantes de Nueva Caledonia y del Congreso francés, contempla la creación de una nacionalidad caledoniana junto a la francesa, aunque sin permitir que alguien tenga solamente la nacionalidad caledoniana. Aunque las competencias estatales permanecerán mayoritariamente bajo el control de París por el momento, el pacto abre la posibilidad de transferencias de ciertas competencias y un eventual reconocimiento por parte de la ONU.
El «Acuerdo de Bougival» también introducirá reformas electorales, lo que permitirá incluir en el censo a nativos y residentes de larga data, algo que había generado tensiones en el pasado. Este nuevo marco se gestó en un contexto de revueltas y descontento social, subrayando la necesidad de un enfoque más conciliador hacia las aspiraciones de la población local y un futuro más estable y respetuoso para el archipiélago.
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