Ningún ayuntamiento de entre 20.000 y 50.000 habitantes de Castilla-La Mancha estaba preparado para relacionarse exclusivamente de forma electrónica con la ciudadanía y con otras administraciones y ninguno de ellos disponía a 31 de diciembre de 2021 de la totalidad de las herramientas de administración electrónica preceptivas.
Así figura en un informe del Tribunal de Cuentas aprobado este miércoles por el citado organismo que analiza la implantación y usos de la administración electrónica en los mecionados ayuntamientos de la Comunidad Autónoma entre los ejercicios 2019 a 2021.
Según dicho informe, también la utilización por la ciudadanía de los servicios electrónicos fue limitada. A pesar de ello, únicamente el 30 por ciento de los ayuntamientos realizaron actuaciones para el fomento de uso de las TIC y la inclusión digital de los grupos de población más vulnerables.
De igual forma, se ha constatado que la mitad de los ayuntamientos reutilizaron plataformas facilitadas por su respectiva Diputación Provincial, obteniendo mejores resultados en la implantación de la administración electrónica que los que usaron las plataformas suministradas por proveedores privados, y sin incurrir en obligaciones económicas por su utilización.
Por ello, el Tribunal de Cuentas recomienda el impulso de soluciones generales de administración electrónica, fomentando la reutilización de la tecnología disponible, así como incrementar la capacitación tecnológica de la ciudadanía, al objeto de reducir la brecha digital.
CONTRATACIÓN
De otro lado, el Tribunal de Cuentas ha aprobado tres informes relativos a la contratación en distintos ámbitos del Sector Público. Uno de estos informes es la Fiscalización de la gestión indirecta contractual de los servicios públicos de las entidades locales de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio, ejercicio 2019.
Para esta fiscalización se ha analizado una muestra de los contratos adjudicados en 2019 y otra de contratos de larga duración adjudicados en ejercicios anteriores al 2019 por los municipios con más de 50.000 habitantes de 26 ayuntamientos de Castilla-La Mancha, Extremadura, Región de Murcia, La Rioja y Cantabria. El objetivo de la fiscalización ha sido comprobar su adecuación a la legalidad y a los principios de una buena gestión.
En los contratos adjudicados en 2019 se han detectado deficiencias en la fase de preparación que afectan a un número de contratos superior al 25 por ciento del total de los incluidos en la muestra fiscalizada, destacando la inadecuada planificación de las necesidades contractuales en un 43 por ciento de los contratos examinados, lo que dio lugar a prolongación irregular del contrato anterior.
En relación con los contratos adjudicados en ejercicios anteriores, las deficiencias e irregularidades más generalizadas se refieren al control de la ejecución de los contratos (un 44 por ciento de los contratos examinados), a la adopción de acuerdos de prórroga de la duración del contrato legalmente improcedentes (22 %) y a las modificaciones contractuales indebidamente justificadas (un 22 % de los contratos examinados).
Además de la exposición de los resultados de la fiscalización, el informe incluye serie de recomendaciones para una mejor gestión contractual de las entidades locales a la luz de los resultados obtenidos en la fiscalización.
