En las recientes elecciones al Parlamento Europeo, un asunto crítico ha vuelto a captar la atención pública: el derecho al voto de personas con discapacidades, incluidas aquellas con síndrome de Down. A pesar de que en años recientes se han hecho avances significativos en la inclusión político-electoral de este grupo, cerca de 400.000 adultos en Europa con discapacidades psicosociales fueron privados de su derecho a votar en este importante evento democrático, marcando una preocupación continua en cuanto a la equidad en la representación política.
Este es un progreso notable comparado con los datos de 2019, cuando el número de ciudadanos excluidos alcanzó los 800.000. Sin embargo, a pesar de este avance, aún existen grandes barreras que impiden a estas personas ejercer plenamente sus derechos políticos. Actualmente, siete países de la Unión Europea mantienen prohibiciones directas que afectan su participación electoral. Entre ellos se encuentran Portugal, Bulgaria, Rumanía, Polonia, Estonia, Chipre y Malta, mostrando un diverso grupo de naciones con legislaciones pendientes de reforma para ajustarse a las normas de inclusión.
Instituciones como la Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales (FRA) han destacado la importancia de seguir trabajando para garantizar que todas las personas, independientemente de sus capacidades, tengan una voz en el proceso electoral. A su vez, el Parlamento Europeo identifica que solo 13 países de la UE garantizan totalmente la participación de las personas con discapacidad en estos procesos, dejando en claro que aún hay un largo caminar hacia una inclusión efectiva.
España se destaca entre los países que han realizado progresos significativos tras la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y la Ley 8/2021, eliminando restricciones anteriores y asegurando el derecho al voto de todas las personas con discapacidad. Historias personales, como la de un hermano consultando sobre la capacidad de su hermana con Síndrome de Down para votar, reflejan cambios tangibles a nivel individual y familiar que estas reformas han traído, destacando la importancia de políticas inclusivas.
El activismo de individuos con discapacidad y sus defensores sigue siendo un pilar clave para impulsar más cambios. Casos como el de Sándor Harmati y László Bercse demuestran la importancia de luchar por los derechos políticos y la representación equitativa. Las estrategias para fomentar la inclusión política de las personas con discapacidad están aumentando en toda la UE, desde simulacros de votación accesibles hasta medidas para mejorar la accesibilidad física y sensorial en los colegios electorales.
A medida que nos acercamos a futuras elecciones, la necesidad de abordar la inclusión plena de personas con cualquier tipo de discapacidad en la vida política se vuelve aún más urgente. Las historias de éxito y los desafíos pendientes en la participación electoral de este colectivo reflejan una verdad ineludible: la democracia solo puede ser completa cuando todos sus ciudadanos tienen la oportunidad de participar de manera igualitaria. La lucha por el derecho al voto de las personas con discapacidad rompe barreras no solo legislativas sino también sociales, fomentando un espacio de igualdad verdadera que beneficia a toda la comunidad.
