La distribuidora de electricidad del grupo Naturgy, UFD, sigue con su lucha contra el fraude eléctrico en Castilla-La Mancha con el objetivo de reducir el riesgo que las conexiones ilegales tienen para la seguridad de las personas, así como reducir el coste que supone para el resto de usuarios, que ven aumentada su factura eléctrica.
A lo largo del año 2024, UFD llevó a cabo 9.293 actuaciones en nuestra comunidad. Gracias a estas intervenciones, se logró recuperar 37,95 GW de energía que se consumía de forma fraudulenta, y que equivalían a la consumida por 11.850 hogares.
Las operaciones llevadas a cabo suponen el 22% del total de las realizadas en el conjunto de sus áreas de distribución que, además de Castilla-La Mancha, son Galicia, Comunidad de Madrid y Castilla y León, donde se llevaron a cabo más de 41.600. De esta forma, la compañía logró recuperar más de 133 GWh de energía consumida de forma fraudulenta, una cantidad que equivale al consumo anual de 41.800 viviendas.
De este modo, la lucha contra las conexiones ilegales de UFD en el territorio castellanomanchego se saldó con la apertura de 3.384 expedientes por fraude. En el conjunto del país se abrieron 12.140, lo que sitúa a esta Castilla-La Mancha como la segunda con más número de casos después de Madrid (5.175), Galicia (3.191) y Castilla y León (390).
La actuación de la compañía en sus áreas de distribución en España permitió además interceptar y recuperar la electricidad consumida de forma fraudulenta por 155 dispositivos indoor, la gran mayoría vinculados con plantaciones de marihuana. Se trata de instalaciones que consumían de forma ilegal una cantidad anual de 3,7 GWh, equivalente a la demanda energética de cerca de 1.150 viviendas.
Impacto del fraude eléctrico en la factura de todos los consumidores
El fraude eléctrico representa un quebranto económico para el sistema eléctrico ya que, según la normativa en vigor, el coste de la energía defraudada termina recayendo en el conjunto de los usuarios conectados legalmente a la red. Según algunas estimaciones, este coste rondaría los 2.000 millones de euros anuales.
“Este tipo de actuaciones ilegales pueden provocar incendios y otro tipo de accidentes, y ponen en riesgo tanto a la persona que las realiza como a las que conviven con ella y a sus vecinos. Por ello, la compañía está inmersa en un plan para detectar y desconectar conexiones fraudulentas y manipulaciones de contadores en todos los territorios en los que opera”, explica Mónica Puente, directora de Redes de electricidad de Naturgy en España.
Las conexiones fraudulentas a la red de UFD crecieron un 28% entre 2008 y 2013, tras la irrupción de la crisis económica. Desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, esta práctica ha aumentado a un ritmo aún más elevado que en el periodo citado, provocando un incremento de los fraudes detectados de alrededor del 300% desde 2021.
La manipulación irregular de las instalaciones eléctricas constituye un delito recogido en el artículo 255 del Código Penal. La legislación establece que las empresas distribuidoras tienen la función de detectar y poner en conocimiento de las autoridades y los clientes las situaciones de fraude en la red y en los equipos de medida, y las habilita a interrumpir el suministro cuando detecten situaciones anómalas.
