En una era en la que las fronteras parecen desvanecerse mediante la tecnología y la globalización, las políticas de nacionalización siguen siendo un campo de batalla para muchas familias migrantes en Europa. Faussan, un niño de origen bangladeshí nacido en 2016 en Madrid, representa esta compleja realidad. A pesar de haber visto la luz por primera vez en suelo español, no fue considerado español hasta cuatro años después, tras un largo proceso burocrático que finalizó en 2020. Su caso ilustra la rigurosa política de nacionalidad española, que difiere notablemente de las prácticas en otros países de la Unión Europea, donde niños en circunstancias similares habrían sido reconocidos automáticamente como ciudadanos desde el nacimiento.
La odisea burocrática de los menores nacidos en España de padres extranjeros no es un caso aislado. Es, por el contrario, un espejo de las políticas de nacionalidad en ciertos países de Europa que se apiñan en torno a enclaves restrictivos. Italia y España lideraron el número de nacionalizaciones en 2022, con un alarmante porcentaje de estas correspondiendo a niños nacidos en estos territorios. Los obstáculos para la obtención de la nacionalidad no solo revelan la complejidad burocrática sino también los desafíos subyacentes que enfrentan las familias migrantes, perpetuando ciclos de exclusión y estableciendo barreras invisible entre ellos y las oportunidades en educación y empleo que podrían brindarles un mejor futuro.
Diferentes países de la UE ofrecen contrastes reveladores en sus políticas de nacionalidad. Alemania, por ejemplo, ofrece la ciudadanía automática a los hijos de extranjeros bajo ciertos criterios, reflejando una integración más inclusiva en comparación con España, donde la nacionalidad por nacimiento se reserva para circunstancias más limitadas. Este patchwork de legislaciones no solo demuestra la variedad de enfoques hacia la ciudadanía en Europa sino también las consecuencias de largo alcance que estas políticas tienen en la vida de miles de jóvenes nacidos o criados en estos países.
Los expertos subrayan la importancia de políticas más inclusivas que reconozcan la realidad multicultural de nuestras sociedades contemporáneas. En un continente envejecido y necesitado de rejuvenecimiento, la integración efectiva de los jóvenes migrantes no solo es un imperativo moral sino también una necesidad demográfica y económica urgente. La exclusión sistémica de este grupo no solo desaprovecha un recurso valioso sino que también siembra la división y el resentimiento en las generaciones futuras.
Es fundamental replantear nuestras políticas de nacionalidad para reflejar los valores de inclusión y diversidad que proclamamos defender. La experiencia de Faussan y de miles como él subraya la necesidad de un enfoque más humano y pragmático hacia la ciudadanía, uno que reconozca la nacionalidad no solo como un documento, sino como un derecho intrínseco para aquellos que, habiendo nacido o crecido dentro de nuestras fronteras, son ya parte fundamental de nuestras comunidades. La Unión Europea, en su búsqueda de unidad y progreso, debe liderar este cambio, estableciendo un ejemplo de inclusión y diversidad para el resto del mundo.
