Durante el último año, el sector sanitario de Castilla-La Mancha ha enfrentado una preocupante realidad: un total de 646 «incidentes» de violencia han sido registrados por el personal sanitario, según el Registro de Evaluación de Conflictos del Plan Perseo. Este programa busca gestionar de forma integral la violencia en el ámbito sanitario. Gran parte de estos incidentes tuvieron lugar en el área de Atención Primaria, siendo las consultas los espacios donde se concentraron dichos actos. Las cifras revelan una alta incidencia de violencia hacia las mujeres, dado que representan el 77 por ciento de las declarantes. Además, los profesionales de la Medicina son los más afectados, ya que constituyen el 46 por ciento de las víctimas.
El director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), Alberto Jara, ha compartido estos datos en la reunión del Pleno del Observatorio de la Violencia, un foro destinado a la prevención de las agresiones al personal sanitario. En el pleno, donde participan representantes del Gobierno regional, central, colegios profesionales y sindicatos, también se ha informado sobre las actuaciones legales llevadas a cabo por el Sescam frente a estos episodios de violencia.
Los incidentes que se presentaron en su mayoría fueron verbales, alcanzando más del 93 por ciento, mientras que un 3,2 por ciento correspondió a agresiones físicas, poco más del uno por ciento fueron de tipo escrito y un 2 por ciento afectaron al patrimonio. Jara subrayó un descenso en el índice de incidentes registrados por cada mil trabajadores, pasando de 20,56 en 2021 a 17,57 durante el año pasado.
Los esfuerzos por brindar apoyo legal al personal agredido son palpables, ya que 43 asistencias letradas se efectuaron el año pasado. De ellas, el 93 por ciento se debieron a amenazas e insultos y el resto por agresiones físicas. El 75 por ciento de los casos juzgados concluyeron con una sentencia condenatoria, incluyendo dos por delito de atentado.
Para enfrentar las agresiones, Castilla-La Mancha cuenta con un procedimiento administrativo sancionador específico para este tipo de delitos, pudiendo imponer sanciones económicas a quienes cometan agresiones físicas o verbales dentro del ámbito sanitario. Gracias a un Decreto recientemente promulgado, estas medidas pueden aplicarse además de las sanciones contempladas en el ámbito judicial.
El Decreto clarifica la capacidad para iniciar y resolver procedimientos sancionadores según la Ley sobre derechos y deberes en materia de salud de Castilla-La Mancha. Diseñado para ser más ágil que la vía judicial, complementa el apoyo jurídico que ya se ofrecía a los profesionales. Las sanciones pueden ser de 600 euros para infracciones leves, 3.000 euros para las graves y de 15.000 euros para las muy graves.
En las próximas semanas, la Dirección General de Recursos Humanos y Transformación del Sescam llevará a cabo visitas a las diferentes gerencias dependientes para familiarizar al personal con el nuevo procedimiento y garantizar su correcta implementación.
