La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha identificado como prioridades esenciales la continuidad de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), la negociación de un nuevo acuerdo salarial y el «fin de los recortes» en la Función Pública de Castilla-La Mancha, tras más de doce años de medidas restrictivas.
La preocupación del sindicato se centra en la continuidad de Muface, cuya viabilidad se ha visto amenazada tras el rechazo de dos aseguradoras a participar en su concierto. Esta situación pone en riesgo la asistencia sanitaria de más de 74.000 empleados públicos en la región, algo que debe resolverse antes del próximo 31 de enero, de acuerdo con la información proporcionada por CSIF. Lorenzo Domínguez, presidente de CSIF en Castilla-La Mancha, ha criticado tanto al Gobierno por llevar esta situación al límite, ignorando un informe de la AIREF que advierte sobre la viabilidad del modelo, como a las aseguradoras, a las que ha instado a no aprovecharse de su posición.
Otro punto destacado en la agenda de CSIF es la necesidad de negociar un nuevo acuerdo salarial. El sindicato denuncia que el acuerdo actual, que abarca el periodo 2022-2024, ha provocado una pérdida de poder adquisitivo del 6% para los empleados públicos, cifra que se eleva a más del 20% en el caso de Castilla-La Mancha desde 2010. Entre las demandas, el sindicalismo plantea la eliminación de la tasa de reposición, la asignación de fondos adicionales para la equiparación salarial entre administraciones, una mejora en las condiciones de jubilación con la regulación de la jubilación parcial, así como la adecuación de los grupos profesionales.
CSIF también ha señalado la paralización de la carrera profesional y el impago de la productividad variable en la sanidad pública, así como restricciones en las contrataciones que afectan a incapacidades temporales y jubilaciones. Estas medidas se consideran un «grave recorte» que impacta no solo en el sector sanitario, sino en otras áreas como residencias de mayores, personal de centros educativos y oficinas agrarias.
El sindicato ha expresado su preocupación por la falta de refuerzos en las plantillas, lo que compromete la calidad de los servicios públicos. Además, han recordado que la eliminación del Plan de Acción Social, llevado a cabo por el anterior Gobierno de Cospedal, ha acentuado la falta de negociación en torno a una subida salarial dentro de la Mesa General de Función Pública en la región.
Domínguez ha enfatizado la necesidad de un compromiso real con los servicios públicos y ha manifestado el desencanto de los empleados públicos, fundamentales para reducir desigualdades y promover una sociedad más justa. CSIF también ha criticado la continuidad de las subvenciones concedidas a los sindicatos CCOO y UGT por el Gobierno de García-Page, que han sumado más de 43,9 millones de euros desde 2014.
