Durante la reciente sesión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que tuvo lugar este lunes y se extendió por más de cuatro horas, la ministra de Hacienda y vicepresidenta cuarta del Gobierno, María Jesús Montero, comunicó a los representantes autonómicos que el Gobierno no está llevando a cabo negociaciones bilaterales con Cataluña respecto a la financiación autonómica. Este anuncio fue realizado en medio de una sesión donde estuvieron presentes todos los gobiernos autonómicos con la notable ausencia de Cataluña.
Varios consejeros autonómicos de Hacienda han manifestado a la prensa que pidieron aclaraciones durante la reunión sobre estas aseveraciones y que la ministra solicitó que quedara reflejado en acta que «no hay ninguna negociación bilateral con Cataluña». Rocío Albert López-Ibor, consejera madrileña de Hacienda, hizo hincapié en la tranquilidad que esto debería darles pese a un acuerdo previo suscrito entre el PSOE y los independentistas. La declaración registrada contradice la impresión de que se estaba priorizando a Cataluña, según explicó López-Ibor.
A pesar de esta afirmación oficial, la consejería madrileña alude a las razones dadas por la consejera catalana para no asistir al CPFF, donde argumentaba que su ausencia se debía a las negociaciones bilaterales en curso. Las diferencias entre lo manifestado por Montero y lo sustentado por su homóloga catalana han generado incertidumbre, levantando dudas sobre quién está proporcionando la versión precisa de los hechos.
Esta disonancia ha sido también señalada por otros consejeros como Luis Alberto Marín, de Murcia, que describió de «sorprendentes» las declaraciones de Montero frente a las afirmaciones de progreso en las negociaciones por parte de la representación catalana. Mientras tanto, Carolina España de Andalucía señaló la dificultad de discernir la verdad en medio de informaciones contradictorias.
Desde Castilla-La Mancha, el consejero Juan Alfonso Ruiz-Molina confía en las palabras de la ministra y advierte que no aceptará un modelo financiero exclusivo para una comunidad. Aunque no profundizó en posibles respuestas legales, sí indicó que se recurriría a expertos jurídicos para determinar acciones legales necesarias si se confirmara la existencia de un acuerdo de estas características.
El encuentro, marcado por las discrepancias en cuanto a la negociación entre el Gobierno central y Cataluña, deja entrever la complejidad y sensibilidad del tema de financiación autonómica en España, un asunto que seguirá bajo vigilancia mientras cada parte sustenta su posición.
