La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado la sensatez de la propuesta de condonación de deuda a comunidades autónomas, confiando en que será consensuada por «gran parte de las comunidades autónomas.» Durante su intervención en la Comisión de Hacienda del Senado, Montero ha expresado su deseo de iniciar «cuanto antes» las reuniones técnicas para tratar esta cuestión.
Montero ha enfatizado que la medida, desligada de la polarización política, serviría como herramienta para permitir a las comunidades mantener el saneamiento de sus finanzas y cumplir con los objetivos de estabilidad exigidos por Europa. Paralelamente, se está contemplando la reforma del sistema de financiación, mientras el gobierno trabaja en la asunción por parte del Estado de la deuda autonómica, independientemente de que las comunidades estén suscritas o no al fondo de liquidez autonómica.
La propuesta de asunción de deuda se basará en parámetros objetivos aplicables por igual a todas las comunidades de régimen común. Aunque inicialmente se preveía comenzar las conversaciones técnicas en febrero, la ministra aboga por acelerar el proceso. En ese sentido, Montero asegura que esta medida no incrementará el endeudamiento total del país, pues solo representa una reasignación entre niveles administrativos, resultando en un impacto neutro sobre la deuda pública.
La titular de Hacienda también ha resaltado que la propuesta devolvería autonomía financiera a las comunidades, otorgándoles mayor margen para financiar sus competencias y reconocimiento al esfuerzo hecho por estas para mantener sus cuentas en orden.
En cuanto al modelo de financiación, Montero se ha mostrado consciente de la necesidad de superar posiciones maximalistas para alcanzar un acuerdo general. Ha señalado que es imprescindible que los territorios cedan en cierta medida para lograr dicho consenso. Asimismo, ha reiterado el compromiso del gobierno de negociar el nuevo sistema de financiación con el Partido Popular (PP), mayoritario en la gestión de las comunidades autónomas, a pesar de la tensión política actual. El objetivo es conseguir la aprobación de la reforma del modelo por las Cortes Generales, encontrando un equilibrio entre las posturas divergentes de los diferentes territorios.
