En un movimiento sorprendente, el presidente de los Estados Unidos ha emitido una orden ejecutiva que aborda las supuestas prácticas ilegales y discriminatorias del bufete de abogados Perkins Coie LLP. Esta medida se justifica, según el mandatario, por el impacto «deshonesto y peligroso» que han tenido las acciones de la firma en el país durante las últimas décadas.
En el documento, se citan alegaciones específicas de que Perkins Coie fue responsable de la creación de un dossier falso en 2016, utilizado con fines políticos durante la campaña electoral. El presidente también critica a la firma por su colaboración con donantes activistas, entre ellos George Soros, a quienes acusa de trabajar para anular leyes electorales democráticamente aprobadas, incluidas aquellas que exigen la identificación de votantes. Este comportamiento, según se expresa en la orden, ha llevado incluso a que los abogados de Perkins Coie recibieran sanciones por falta de ética ante los tribunales.
Aparte de las acusaciones en el ámbito político, la orden también aborda preocupaciones sobre prácticas laborales discriminatorias dentro de la propia firma. Se alega que Perkins Coie implementó cuotas para la contratación y promoción basadas en la raza, un comportamiento que se considera contrario a las leyes de derechos civiles y que ha llevado a demandas por parte de aquellos que se sintieron agraviados por estas políticas.
La administración del presidente parece decidida a tomar medidas contundentes. Entre las acciones ordenadas, se incluye una revisión inmediata de las autorizaciones de seguridad de los empleados de Perkins Coie, así como la suspensión de cualquier contrato gubernamental que involucre a la firma. Los jefes de las agencias también deben evaluar si la relación con Perkins Coie es compatible con los intereses nacionales y la seguridad del país.
Particular atención se presta a la discriminación racial. Se ordena a la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo que investigue las prácticas de las grandes firmas legales para asegurar que cumplan con la Ley de Derechos Civiles de 1964, en especial en lo que respecta al acceso y promoción en el trabajo. Esta revisión tiene una implicación directa en cómo las firmas que hacen negocios con el gobierno federal manejan sus prácticas de empleo.
El presidente ha dejado claro que su administración no tolerará lo que considera violaciones a la confianza pública y la igualdad de oportunidades. La orden ejecutiva establece que se limitará el acceso de los empleados de Perkins Coie a las instalaciones del gobierno cuando sea necesario para proteger la seguridad nacional. Además, cualquier contratación de personal proveniente de la firma requerirá una autorización especial para asegurar que no se vea comprometida la seguridad del país.
La medida, que ha sido recibida con reacciones encontradas, destaca la creciente tensión en el panorama político y legal estadounidense, donde las acusaciones de corrupción y discriminación se entrelazan con la lucha por la justicia y la igualdad. Mientras tanto, la orden se ejecutará en el marco de las leyes aplicables, lo que plantea preguntas sobre la viabilidad legal y práctica de las acciones propuestas.
Fuente: WhiteHouse.gov
