En un contexto de creciente preocupación por los intereses nacionales, la Administración ha emitido una orden ejecutiva para abordar los riesgos asociados con la firma legal Susman Godfrey LLP. El documento, publicado el 9 de abril de 2025, establece medidas contundentes para asegurar que las prácticas de esta firma no socaven los valores fundamentales de la nación ni comprometan la seguridad nacional.
La orden comienza con una declaración clara: los abogados y las firmas legales que actúan de manera que contraríe los intereses críticos de los Estados Unidos no deben tener acceso a información sensible ni ser beneficiados por fondos públicos. En este sentido, la Administración considera a Susman Godfrey como un actor clave en la «desactivación del sistema legal americano» y la «degradación de la calidad de las elecciones» en el país. Además, se subraya que la firma participa en actividades que promueven una ideología política radical y discriminatoria.
Uno de los puntos más controversiales de la orden es la denuncia de discriminación racial dentro de las prácticas de Susman, que según se indica, ofrece beneficios exclusivamente a «estudiantes de color». Este enfoque ha llevado a la Administración a comprometerse a erradicar la discriminación bajo el pretexto de políticas de «diversidad, equidad e inclusión», con la intención de garantizar que los beneficios federales se alineen con las leyes y políticas estadounidenses.
La orden ejecutiva es clara en sus directrices. Primero, se instruye a los altos mandos de los departamentos y agencias gubernamentales a suspender inmediatamente las autorizaciones de seguridad de aquellos empleados de Susman, mientras se evalúa si estas autorizaciones son consistentes con los intereses nacionales. Además, se enumeran las acciones para proteger los bienes y servicios gubernamentales relacionados con la firma, finalizando cualquier colaboración que se considere incompatible con los intereses estadounidenses.
Otro aspecto destacado es la revisión de los contratos gubernamentales con Susman. Las agencias están obligadas a investigar si los contratos existentes benefician de alguna manera las actividades de la firma, y se les instruye a tomar medidas para rescindir acuerdos que utilicen fondos públicos para subsidios asociados con discriminación racial o actividades contrarias a los intereses del país.
En términos de personal, se buscan limitaciones sobre el acceso de empleados de Susman a edificios gubernamentales, y se establecen requisitos adicionales para la contratación de ex-empleados de la firma en el gobierno, asegurando que no existan compromisos que amenacen la seguridad nacional.
Finalmente, la orden enfatiza que no se busca limitar las facultades de los departamentos ejecutivos existentes, lo que sugiere un esfuerzo por mantener un proceso administrativo basado en la ley, aunque se lleve a cabo con un enfoque más estricto sobre quiénes pueden ser considerados colaboradores del gobierno.
En un contexto más amplio, esta orden se inserta dentro de un movimiento hacia una mayor vigilancia de actores externos a la esfera política estadounidense, enfatizando un enfoque que busca la alineación total de las políticas y los principales actores del país con los intereses nacionales. A medida que se ejecute esta orden, se espera una amplia discusión sobre los límites de la acción gubernamental en la regulación de la legalidad y la ética dentro del sector privado.
Fuente: WhiteHouse.gov
