El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha delineado los contornos de la inminente reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, destacando que los ajustes propuestos serán «mínimos» en comparación con el fallido intento de derogar la controvertida ‘Ley Mordaza’ en la pasada legislatura. Grande-Marlaska reiteró el compromiso del gobierno de preservar los balances cruciales para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Durante su participación en Cuenca, donde presidía la ceremonia de graduación del cuerpo superior de técnicos de instituciones penitenciarias, el ministro recalcó que estas ajustadas reformas son parte del acuerdo establecido entre el PSOE y Sumar para modificar la ley con un énfasis categórico en los «derechos fundamentales». Esta renovación de la normativa buscará ofrecer una interpretación más explícita de derechos inherentes a la democracia como la libre reunión, asociación y expresión.
El titular de Interior ha querido tranquilizar a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, asegurándoles que el proyecto de ley mantendrá un delicado balance que no menoscabará sus funciones, de hecho, subraya que su propósito intrínseco es enmarcar un entorno apto para que dichos cuerpos ejerzan su labor, que no es otra que, velar por las garantías y las libertades civiles.
Marlaska admite también la posibilidad de que surjan inquietudes durante la fase parlamentaria de desarrollo de la ley, pero espera que las «pequeñas diferencias» puedan allanarse en el debate en el Congreso. La intención es materializar eficazmente una legislación que salvaguarde los derechos fundamentales de los individuos, sin restringirlos de forma desproporcionada, y a la vez, permitir a las fuerzas de seguridad trabajar sin trabas desmedidas. De este modo, el ministro hace hincapié en lo que entiende por el fundamento primordial de la propuesta: la coexistencia harmoniosa de seguridad con el respeto a los derechos individuales.
