El Ministerio de Asuntos Exteriores de España, dirigido por José Manuel Albares, ha solicitado «explicaciones» al Reino Unido tras la expulsión de una mujer española de 34 años quien, según informes, fue enviada de vuelta a España a pesar de poseer la documentación apropiada del Ministerio del Interior británico para residir en el país junto a su esposo y familia.
El caso, revelado por ‘The Guardian’ este domingo, refiere que la mujer fue deportada el 26 de diciembre tras su regreso de vacaciones en España, donde llevaba a cabo una visita. A pesar de intentar mostrar la documentación pertinente a los oficiales de inmigración en el aeropuerto de Luton, se encontró retenida durante la noche y posteriormente fue puesta en un vuelo hacia España.
Al tener noticia de los eventos, Albares activó a la Dirección General de Consulares para comunicarse con las contrapartes británicas en busca de respuestas. El ministro ha expresado su esperanza de que el incidente sea un aislado «error» y ha asegurado a la ciudadana afectada así como a otros españoles que residen en el Reino Unido que pueden contar con el apoyo de su ministerio para asegurar el cumplimiento de los acuerdos post-Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea.
Por su parte, el Ministerio del Interior británico reafirma la seguridad fronteriza como su máxima prioridad y justifica que sus agentes disponen de la autoridad para detener a cualquier pasajero que requiera un análisis más detallado sobre su cumplimiento de los requisitos de entrada. Un portavoz ha declarado que las decisiones se basan en la información facilitada por el pasajero en cuestión, sin importar su nacionalidad.
La mujer española había presentado fuera del plazo inicial su solicitud para formar parte del Plan de Asentamiento del Reino Unido, diseñado para aquellos residentes en el país antes del límite del 31 de diciembre de 2020. Aunque su primera solicitud fue denegada por falta de pruebas suficientes, estaba pendiente una revisión administrativa. Contaba con un certificado de solicitud del Ministerio del Interior que, según sus declaraciones, establecía su derecho a trabajar mientras se resolvía su caso.
Las autoridades británicas subrayan que el poseer un certificado de solicitud no equivale a un visado de entrada y que, aunque se pueda denegar la entrada y proceder a la expulsión, esto no conlleva una orden de expulsión, lo cual sí impediría futuros intentos de entrar al país.
