En una sesión marcada tanto por el dinamismo parlamentario como por la tensión extraparlamentaria, el Senado mexicano dio luz verde a una de las reformas más debatidas en la reciente historia política de México: la modificación del Poder Judicial que habilita, a partir de 2025, la elección de jueces mediante el voto popular. Este cambio fundamental, impulsado en los estertores de la administración de Andrés Manuel López Obrador, supone una profunda transformación en la estructura de selección judicial, con implicaciones directas en el balance de poderes y en la interacción ciudadanía-justicia en el país.
La propuesta de reforma, que requirió una modificación constitucional, contó con el respaldo de 86 votos a favor, provenientes principalmente del partido Morena y sus aliados, el PT y el PVEM, contra 41 votos en oposición de conglomerados políticos como el PAN, PRI y MC. Este resultado llegó tras una maratónica y tumultuosa sesión de aproximadamente 12 horas, que no solo puso a prueba la capacidad negociadora entre facciones políticas sino también la resistencia física y la templanza de los senadores ante momentos de crisis.
La sesión se vio interrumpida por la irrupción de manifestantes opuestos a la reforma, lo que obligó a los legisladores a trasladarse a la antigua sede del Senado, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, para continuar con el debate. Este grupo de manifestantes, identificados como trabajadores del Poder Judicial, llevaban casi tres semanas en huelga, mostrando su rechazo a una reforma que consideran vulnera la independencia judicial, la democracia y la separación de poderes en México. Esta preocupación resonaba más allá de las fronteras mexicanas, ganando la atención y el escrutinio de organismos de la ONU, Human Rights Watch, asociaciones internacionales de abogados, y los socios comerciales más importantes de México, Estados Unidos y Canadá.
Dentro de las modificaciones más significativas que introduce la reforma se encuentran la reducción de miembros de la Suprema Corte de 11 a 9 jueces y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial. Además, el modelo establecido por esta reforma abre la puerta a campañas electorales dentro del ámbito judicial, una novedad que promete reconfigurar el panorama político-judicial mexicano.
Los defensores de la reforma aplauden este paso hacia una mayor democratización y transparencia en la elección de jueces, argumentando que el voto popular contribuirá a una justicia más cercana y responsable ante la sociedad. No obstante, la tensión persiste entre aquellos que ven en esta medida un potencial conflicto de interés y un debilitamiento de la imparcialidad judicial, pilares fundamentales para el correcto funcionamiento de un Estado democrático.
Con esta reforma, México se adentra en un experimento judicial de gran envergadura, cuyos efectos y desafíos solo se desvelarán con su implementación y práctica en los años venideros. La reforma judicial de 2025 se presenta, entonces, como un campo fértil para el análisis político, social y jurídico, en un país en constante búsqueda de la renovación democrática y la justicia social.
